El Gobierno ha aprobado un real decreto que transpone una directiva europea sobre seguridad en las operaciones de petróleo y gas mar adentro, mientras trabaja para prohibir, de manera inminente, nuevas actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
De hecho, el Ejecutivo tiene previsto prohibir, con rango de ley, nuevas actividades de investigación y exploración de hidrocarburos en el medio marino, tal y como subrayó ayer en el Senado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
No obstante, y hasta que se apruebe la medida, la intención del Ejecutivo es no retrasar más la aplicación de las distintas medidas de seguridad en la actividad de investigación existente en el medio marino y, por ello, ha aprobado este real decreto para trasponer la directiva europea, según han explicado a EFE fuentes del Ministerio.
De hecho, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya va retrasada la trasposición de la directiva europea offshore, que tiene como finalidad dotar de mayor seguridad a estas operaciones.
El real decreto aprobado hoy, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, desarrolla, a su vez, un real decreto ley convalidado en el Congreso en el que se establecían las disposiciones de seguridad en las operaciones relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
El nuevo texto completa la trasposición de la directiva europea en aquellos aspectos relacionados con los permisos de investigación y concesiones de explotación mar adentro, estableciendo los requisitos para el otorgamiento y la transmisión de permisos de investigación y concesiones de explotación y fijando las condiciones para la designación del operador en medio marino.
También recoge aquellos aspectos sobre la autorización de trabajos mar adentro con el procedimiento para remisión de los informes sobre los riesgos de accidentes graves, el sistema de gestión de la seguridad, la política corporativa y el procedimiento para la comunicación de situaciones de riesgo.
Asimismo, recoge el contenido y la finalidad que ha de tener el plan interno de emergencia que los operadores y/o propietarios deben elaborar; sus obligaciones en relación a la figura del verificador independiente; el contenido del plan externo de emergencia y el órgano encargado de su elaboración o el plan de inspecciones, entre otros aspectos.
