El acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado jueves para los presupuestos del próximo año tiene poco que ver con el que el propio Sánchez firmó hace dos años y medio con Ciudadanos cuando sólo era candidato a la investidura. Es cierto que el contexto ha cambiado desde entonces, pero también que muchas de las medidas pactadas en 2016 tienen poco o nada que ver con las pactadas ahora.
La medida estrella del pacto PSOE-Podemos es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, lo que supone una brusca subida del 22% respecto a este año. En 2016, el acuerdo con Ciudadanos era bastante menos ambicioso en este aspecto. Anunciaba una subida de "al menos el 1%" y la creación de un Comité de Salarios integrado en el nuevo Observatorio de la Productividad y Competitividad para asesorar al Gobierno sobre este tema en los años posteriores.
En materia laboral, el acuerdo con Ciudadanos, además, partía de una reforma importante del mercado laboral, mediante la reducción de las modalidades de contratación a dos, cuestiones que el acuerdo de 2018 no prevé modificar.
Por el contrario, ambos acuerdos sí comparten la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y cambios en las reformas de los convenios colectivos. También coinciden ambos acuerdos en la necesidad de modificar las cotizaciones sociales de los autónomos para hacerlas más proporcionales a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia.
Coincidencias en Sociedades, discrepancias en IRPF y Patrimonio
En materia fiscal, el acuerdo de Sánchez con Ciudadanos preveía una "reforma integral del sistema tributario" que realizaría un grupo de expertos que en 2018 está desaparecida. El nuevo pacto crea nuevos impuestos a las empresas digitales y las transacciones financieras, pero apenas retoca el resto del sistema fiscal en su conjunto.
Entre las grandes diferencias entre ambos acuerdos está el IRPF. El Sánchez que pactó con Ciudadanos preveía reformar el IRPF para reducir "la tributación de las rentas del trabajo" y, en cualquier caso, PSOE y CS se comprometían a no elevar los tipos. Por el contrario, el acuerdo con Podemos prevé una subida de tipos a partir de los 130.000 euros de rentas del trabajo y de los 140.000 euros para las rentas del capital.
Entre las cuestiones que recogía el acuerdo con Ciudadanos y del que no queda ni rastro en el pacto con Podemos es la "armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones". Además, también preveía la homogeneización del Impuesto de Patrimonio, un impuesto que ahora sube para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros.
Entre las coincidencias está la reforma del Impuesto de Sociedades. En el acuerdo de 2016 se anunciaba una reforma que permitiera elevar los tipos efectivos a los nominales e incrementar la recaudación, aunque no indicaba cómo hacerlo. Mientras, el acuerdo con Podemos sí materializa las medidas para elevar la recaudación, mediante el establecimiento de un tipo mínimo y la eliminación de la exención de los dividendos y plusvalías procedentes de filiales.
Además, ambos pactos incluían una de las medidas que siempre aparecen en este tipo de acuerdos: "combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida". En el acuerdo con Cs no aparece cómo, mientras que en el de Podemos aparecen iniciativas como la limitación de uso de efectivo, aunque tampoco explica con detalle cómo estas medidas elevarán la recaudación.
En común los permisos de paternidad; distinta opinión sobre la vivienda
Otra de las coincidencias de ambos acuerdos es el incremento de los permisos de paternidad. En 2016, el pacto incluía también los permisos de maternidad, elevando ambos hasta las 26 semanas. El acuerdo del viernes sólo habla de la paternidad y prevé la elevación progresiva hasta las 16 semanas.
Por el contrario, la vivienda es una de las materias en las que más divergencias se aprecian entre ambos acuerdos. El del viernes prevé la realización de cambios legales para permitir a los ayuntamientos que controlen los precios en algunas zonas "tensionadas". El de 2016 tenía como punto central la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana para rehabilitar 200.000 viviendas al año.
Aunque las medidas centrales en materia de vivienda no se parecen en nada, ambos acuerdos prevén la puesta en marcha de un plan de alquiler junto con la Sareb. Otra diferencia importante está en la reforma de la administración prevista en el acuerdo del año 2016, que apostaba por la supresión de las Diputaciones Provinciales, medidas que en el pacto de 2018 desaparecen.
