La flexibilización de la regla de gasto, que impide que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan emplear el superávit de sus cuentas -en los casos de que lo haya- se ha convertido en una patata caliente para el Gobierno. A pesar de que se comprometió a llevar a cabo esta medida en verano y que fue una de las reclamaciones de Podemos para los presupuestos que acordaron el pasado viernes, las restricciones presupuestarias a las que obliga asumir el déficit del 1,3% del Partido Popular provocan que el Gobierno se replantee la la viabilidad de esta iniciativa. Precisamente hoy mismo el Gobierno aprobará en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el borrador de proyecto presupuestario que España debe remitir hoy mismo a Bruselas.
"Sin nueva senda es más complicado flexibilizar la regla de gasto, porque la anterior es más exigente", indican fuentes del Ministerio de Hacienda, refiriéndose a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de elevar el déficit máximo en cinco décimas, hasta el 1,8% de PIB, algo que a lo que Bruselas ya habría dado su beneplácito. "El 1,3% da menos margen y eso es un hecho".
A día de hoy, la regla de gasto indica que los recursos empleados por las autonomías no podrán haber crecido crecido en 2018 más de un 2,4% respecto al año anterior, porcentaje que se eleva al 2,7% y al 2,8% en 2019 y 2020, respectivamente. Si se hubiera aprobado la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno -o se llega a aprobar, puesto que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, reitera que el Ejecutivo insistirá en ella-, estos porcentajes habrían aumentado al 2,7% en 2019, al 2,9% en 2020 y al 3,1% en 2021.
Sin embargo este era el escenario con el incremento de la capacidad déficit. Sin esta condición, la situación se complica. "El marco de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) -que son las que permite la regla de gasto actual- ess demasiado restrictivo pues constriñe a los ayuntamientos a sectores ya preestablecidos", indican desde Podemos, que reiteran en la necesidad de relajar los límites de inversión de las entidadades locales.
En cualquier caso, desde Hacienda aseguran que la posiblidad "todavía está abierta" y que "habrá que estar atentos a la letra pequeña".
Precisamente, la flexibilización de la regla de gasto fue una de las principales promesas tanto de Montero como de Meritxel Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, en su primer participación como miembras del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ante la Comisión de Nacional de Administración Local. La idea era "modificar el concepto de las inversiones", permitiendo desarrollar proyectos que ahora no son posibles.
Apuesta del Gobierno
De hecho, Montero, desde que tomó posesión del Ministerio de Hacienda, siempre ha apostado por flexibilizar la regla de gasto, sobre todo en el caso de las regiones que la cumplen. "Es claramente un área con posibilidad de mejora y es conveniente y necesario que nos pongamos de acuerdo en cómo y de qué manera podemos empezar progresivamente y de forma ordenada, a posibilitar que los ayuntamientos puedan emplear parte de ese mal llamadado superávit y que tengan un margen de autonomía para poder incorporarlo en sus presupuestos,.
Por regiones, son cuatro las que cumplieron en 2017 con la regla de gasto: Canarias, País Vasco, Baleares y Navarra, y se quedan muy cerca de hacerlo Galicia y Andalucía, que podrían llegarse a beneficiar de una potencial flexibilización. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Canarias fue especialmente insistente en esta medida. "Dejaríamos de poder emplear unos 600 millones de euros de no hacerse. Queremos que sea territorializada", clamó Rosa Dávila, consejera de Hacienda.
