Uno de las promesas que más han reiterado tanto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como sus ministros ha sido la de hacer que el sector privado, sobre todo las grandes corporaciones, hagan una mayor contribución a las arcas del Estado, y está claro que está poniendo las bases para ello. De los 10.287 millones que el Ejecutivo espera recaudar mediante subidas fiscales y nuevos impuestos en 2019, un 73,3% de ellos -unos 7.550 millones- saldrá de las empresas españolas.
Más de la mitad de estos fondos provendrá de los 4.000 millones que el Gobierno espera obtener de alzar el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades al 15% en empresas cuya facturación anual alcance, al menos, los ocho millones. Hay que matizar que el tipo subirá al 18% en los sectores de la banca y los hidrocarburos.
Otro golpe fiscal para los grandes grupos se plantea para sus beneficios en otros países. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, indicó la semana pasada que el Ejecutivo estudia gravar con un 5% los dividendos extranjeros de las empresas españolas, incluidos los casos en los que haya acuerdos de doble imposición.
A todo esto hay que sumar algunas de las nuevas figuras fiscales que planea el Gobierno. Entre ellas, el impuesto a las transferencias financieras, en el que también está de acuerdo su socio parlamentario, Podemos, cuya recaudación está cifrada entre unos 1.000 millones y unos 1.300 millones.
A este tributo hay que sumar la conocida como tasa Google, que busca gravar con un 3% las operaciones de los gigantes digitales en España. Por lo pronto, se estima que con ella se pueda recaudar unos 1.050 millones pero no se descarta que la cifra pueda ser mayor dado que entre sus objetivos está cambiar el tratamiento fiscal que a día de hoy tienen las empresas del ámbito de la economía colaborativa, como Uber y Airbnb.
Cuenta atrás
Con estos fondos adicionales, el Gobierno aspira a dar forma a unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 expansivos y cuyo borrador mandará a Bruselas en el plazo de una semana para que la Comisión Europea lo evalúe. Por ello, este lunes comienza una cuenta atrás durante la que el Ejecutivo de Sánchez y Podemos, su socio parlamentario, tendrán que cerrar los múltiples flecos de una negociación que comenzó en agosto y que presenta numerosos interrogantes, incluido el de que la formación morada apoye las nuevas Cuentas.
Y ello a pesar de que hay sintonía en un amplia gama de medidas, entre ellas subir el IRPF a las rentas más altas, aunque no parece que haya habido tanto acuerdo a la hora de decidir la cantidad a partir de la cual hacerlo. Mientras que Podemos ha reclamado que se aplique a partir de los 120.000 euros, el Gobierno solo se plantea activar esta medida -que también se negocia ampliar a las rentas del capital o el ahorro- en contribuyentes por encima de los 140.000 euros.
También hay absoluta afinidad entre ambas partes en incrementar el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, el primer desacuerdo surge en el abordaje del tributo a la banca. La formación que dirige Pablo Iglesias insiste en que es necesario que se cree este impuesto para recuperar parte de lo que el Estado se gastó en el rescate de las entidades financieras ejecutado en 2012. Pero el Gobierno, por lo pronto, lo descarta y prefiere esperar a conocer cómo funcionarán las figuras tributarias que se pondrán en marcha en España en 2019.
Además, hay acuerdo cerrado ya entre ambas formaciones respecto a la reducción del IVA "femenino", tal y como lo describió hace unas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es el que corresponde a los productos de higiene femenina. La titular del departamento también confirmó que se rebajará el IVA veterinario, aunque todavía no se conoce en qué proporción . En cambio, todavía no se sabe nada de la reducción del IVA de productos de primera necesidad, medida para la que había un principio de acuerdo tras la reunión en Moncloa entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Sin embargo, donde Podemos ha puesto sus líneas rojas es en el ámbito del gasto social, con unas exigencias que si no se cumplen la formación podría romper negociaciones con el Gobierno. Entre ellas destaca, particularmente, la reclamación de que las pensiones crezcan en la misma medida que el IPC, una iniciativa que para 2019 tendría un coste aproximado de entre 1.600 millones y 2.000 millones.
