Tal y como viene anunciando desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha suprimido el célebre impuesto al sol, algo que le produce "particular satisfacción" a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien declaraba durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayor parte de los observadores internacionales".
Polémico y controvertido como pocos elementos del sistema eléctrico, el cargo transitorio por energía autoconsumida establecido por el Real Decreto 900/2015 pasa a mejor vida, junto con otros elementos de esta normativa que han frenado la implantación de la generación distribuida y el autoconsumo.
Se alumbró para evitar que la configuración de las tarifas eléctricas -incluyen costes fijos del sistema en la parte variable del recibo, correspondiente a la energía- provocase que los autoconsumidores recibieran una subvención encubierta por parte de los consumidores normales, cifrada en 74,5 euros por MWh por la Comisión de Expertos en la Transición Energética del anterior Gobierno. Durante 2017 recaudó algo menos de 170.000 euros, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Difícil encaje conceptual
Pero aunque técnicamente tenía justificación, conceptualmente era muy difícil de aceptar: ¿por qué tengo que pagar al frutero al comerme un tomate de mi huerta? Hasta la CNMC, que siempre había denunciado la ausencia de una metodología objetiva para calcularlo, ha terminado por rechazarlo, abogando por incluir un término fijo en el autoconsumo para recuperar los costes fijos que, de otro modo, se dejarían de pagar, junto con una revisión periódica del impacto económico del autoconsumo en la sostenibilidad económica del sistema.
El mal llamado impuesto al sol -no es un impuesto- ha servido para frenar el desarrollo del autoconsumo, en buena medida por la campaña de rechazo del sector renovable, que lo ha usado como bandera para atacar la restrictiva política del anterior Gobierno en relación a las energías limpias. Y para propiciar el desarrollo de un mercado negro de autoconsumidores, que han instalado sus sistemas ilegalmente para no pagarlo: la CNMC revela que sólo había 123 contratos de autoconsumo firmados a cierre de 2016 y el Registro de Autoconsumo lucía menos de 20 MW de instalaciones fotovoltaicas a cierre de 2017, mientras que los datos de las asociaciones revelan que en los últimos tres años se han instalado más de 200 MW de esta tecnología.
Además de suprimir el impuesto al sol, el Gobierno simplificará la tramitación y los requisitos técnicos de las instalaciones de autoconsumo, como la obligación de inscribir en un registro las instalaciones menores de 100 kW -hasta 1.600 metros cuadrados- y potenciará el autoconsumo compartido, algo que ya estaba en un decreto sobre conexiones eléctricas en tramitación.
Ahora bien, si en esta norma en tramitación se restringía el autoconsumo compartido, al impedir que los excedentes de un partícipe de la instalación los aprovechase otro partícipe, la nueva regulación hará lo contrario, para aprovechar las economías de escala, en línea con lo recomendado por la CNMC.
