El caso Lezo, por el que se investiga el presunto pago de comisiones en torno al negocio internacional del Canal de Isabel II, amenaza con provocar un efecto boomerang que podría acabar por golpear a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. El 12 de julio de 2016, Garrido, entonces consejero de Presidencia en el Gobierno de Cristina Cifuentes, denunció ante la Fiscalía General del Estado irregularidades en la compra por parte del Canal de la compañía brasileña Emissao, asegurando que no se habían tenido en cuenta en la operación diversas contingencias fiscales, entre otras.
Garrido, que firmó la denuncia como presidente del Canal, aportó un escrito de 10 folios más un conjunto de 28 anexos, pero no entregó un informe clave en esa operación que la empresa colombiana Inassa, matriz de todo el negocio sudamericano, había encargado al despacho de abogados Machado Asociados.
Fue el 25 de septiembre de 2013 cuando la junta directiva de Inassa, bajo la presidencia de Edmundo Rodríguez, aprobó la compra del 75% de Emissao por 29,5 millones de dólares a través de SAA -una instrumental de nacionalidad uruguaya-, más 1,5 millones más de inyección de recursos propios.
KPMG alertó de "una serie de deficiencias de control y gestión en Emissao"
En su escrito a la Fiscalía, Garrido explicó que "en el proceso de ejecución de la operación de compra (....) se llevó a cabo una revisión financiera, fiscal, laboral y contractual de Emissao como es habitual en este tipo de adquisiciones", pero advirtió que en el informe de due dilligence elaborado por KPMG "se pone de manifiesto la mala situación en que se encontraba Emissao en términos de procedimientos y de suministro de información".
KPMG alertaba, en concreto, de "una serie de deficiencias de control y gestión en Emissao, así como posibles contingencias fiscales", que no se habrían tenido en cuenta a la hora de cerrar el precio de la operación y materializar la compra.
Lo que Garrido no comunicó en ese momento a la Fiscalía es que, tal y como recomendaba KPMG, Inassa sí que había encargado un informe legal a un experto independiente, el despacho Machado Asociados, para analizar las contingencias. Y el problema de fondo es que ese informe, que iba adjunto al contrato y que no se aportó a la Fiscalía, descartaba cualquier tipo de riesgo. KPMG mantenía que la contingencia fiscal más importante se refería al método de liquidación del ISS y la ausencia de liquidación del ICMS (dos impuestos locales) respecto a los costes con materiales aportados en la ejecución de obras y prestación de servicios.
El experto independiente contratado consideraba "remoto" el riesgo de que se sancionara a Emissao por infracciones fiscales
En su informe, y después de analizar la existencia de esas posibles contigencias fiscales, las conclusiones de Machado Asociados no dejaban ningún lugar a dudas. Tras explicar que "KPMG había identificado una potencial contingencia fiscal del ICMS en un abanico de 21,7 a 29,4 millones de reales brasileños", el experto independiente concluye que "el riesgo de materialización de la contingencia detectada por KPMG con relación a la expedición de un acta de infracción por parte de las autoridades fiscales de Río de Janeiro es remoto".
Y algo parecido ocurre también con el otro impuesto, el ISS. KPMG señalaba en este caso una potencial contingencia de entre 3,9 y 5,3 millones de reales brasileños al considerar que el Ayuntamiento de Río de Janeiro podría no tener en cuenta la deducción de materiales realizada por Emissao en la liquidación del impuesto municipal. Pero, al igual que en el primer caso, Machado volvió a dejar claro que, aunque fuera expedido un acta de infracción, el riesgo sería igualmente "remoto".
En este sentido, de hecho, el despacho recuerda que la propia Emissao "ha solicitado una inspección fiscal" a las autoridades de Río respecto a los últimos cinco años y que "el importe resultante del acta de infracción derivado de algunas facturas que no se podría deducir es equivalente a 250.000 reales", es decir, apenas 100.000 euros.
Ante todo ello, Machado concluyó que no se puede hablar ya de contingencia fiscal, sino en todo caso de "deuda tributaria ya incluida en el pasivo de la sociedad. De hecho, el pago como consecuencia de esta inspección viene recogido en el contrato de compraventa, junto a tres informes anexos.
Dos de ellos fueron entregados con la denuncia presentada, pero no así el de Machado. Desde la presentación de la denuncia ha habido varios requerimientos para la presentación del escrito de Machado, que acabó siendo presentado la semana pasada, según fuentes de la investigación.
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que Garrido se limitó a poner a disposición de la Fiscalía toda la información que tenía, insistiendo en que en ningún caso se trataba de una denuncia. Sin embargo, en todos los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, incluido un informe de la Cámara de Cuentas, sí señala que el consejo de administración del Canal aprobó la presentación de dicha denuncia.
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