Un año después del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, la hoja de ruta soberanista sigue pasando por una consulta para conseguir la secesión. La afirmación previa al 1-O de "referéndum o referéndum" realizada por el entonces presidente catalán Carles Puigdemont sigue vigente. Su sucesor, Joaquim Torra, parece querer cumplir la expresión de que a la tercera va la vencida, tras la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 y la convocatoria del 1-O el año pasado.
Tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy que ha llevado a la Moncloa a Pedro Sánchez, la Generalitat insiste en la reclamación de un referéndum de autodeterminación como única solución política al conflicto catalán. Torra lo sitúa como irrenunciable y ha advertido de que, si el Estado no cede a permitir una consulta vinculante para que los catalanes decidan el futuro político de Cataluña, los soberanistas seguirán adelante con el "camino" hacia la república catalana, con la intención de que termine con un referéndum para refrendar la Constitución catalana.
De hecho, antes del 15 de octubre el Govern pondrá en marcha el denominado Foro social, cívico y constituyente, que quiere promover el debate ciudadano por toda Cataluña para conformar "las bases" de la Carta Magna de una Cataluña independiente. Este organismo dependerá de la Conselleria de Presidencia, liderada por Elsa Artadi, dispondrá de un consejo gestor "amplio", y pretende tener presencia en todas las veguerías catalanas -división territorial alternativa a las provincias-, desveló esta semana Torra en la presentación del plan de Gobierno del Ejecutivo catalán para esta legislatura.
Día de victoria
Asimismo, el president arengó la semana pasada a los soberanistas: "El 1-O, este país debe ser capaz no de una mirada nostálgica, sentimental, ni tan solo indignada, por las porras y las cargas de aquel día, sino reivindicativa de día de victoria, porque los catalanes se enfrentaron pacíficamente y democráticamente al Estado para ejercer su derecho de autodeterminación".
Torra ya acabó la semana con visitas institucionales y menciones sobre la "represión" policial para evitar la consulta de hace un año, y hoy centrará su agenda en este primer aniversario. Siguiendo su propensión a los simbolismos, reunirá al Consell Executiu de manera extraordinaria en el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis, que era la localidad gerundense donde el entonces president Puigdemont preveía votar en el referéndum, aunque finalmente fue a otra población para esquivar la presión policial.
Tras esta reunión del Govern, Torra leerá una declaración institucional sobre el 1-O. Después se desplazará a Barcelona para el resto de compromisos agendados.
Parálisis
El referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 provocó parálisis legislativa antes de su celebración, ya que la mayoría parlamentaria independentista se centró en la normativa necesaria para preparar la ruptura, y también conllevó parálisis posterior, ya que desembocó en la declaración unilateral de independencia del día 27 del mismo mes y la intervención estatal a través del artículo 155 de la Constitución.
Tras los intentos infructuosos de investir como presidentes de la comunidad a Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, la llegada de Torra al frente de la Generalitat no ha supuesto grandes cambios. En sus cien primeros días de gobierno no ha aprobado ninguna ley, y las discrepancias entre los partidos soberanistas han hecho que el Parlament no haya celebrado un pleno en casi cuatro meses.
Momento de impulso
El primero tras el verano, dedicado al debate de política general, empezará mañana con la intervención de Torra. No se prevén grandes novedades en su discurso, que seguirá girando en torno a las reivindicaciones soberanistas. Según avanzó la semana pasada, ahora se abre "un momento de impulso", pero sin plazos; una nueva etapa en la que "no solo hablar de estrategias o ideas, sino de aplicación práctica". Asimismo, entre los temas que quiere exponer en el debate de política general está el análisis de las consecuencias del artículo 155 en las instituciones catalanas.
Mientras tanto, el Govern presiona día a día a Sánchez esgrimiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos -sabedor de que la supervivencia de la legislatura estatal depende de los votos soberanistas-, a la vez que reclama "deudas" del Estado con Cataluña que ascienten a 7.600 millones.
De momento, el diálogo ofrecido por Sánchez ha reportado un acuerdo económico que implica el pago a la Generalitat de 1.459 millones de euros en los próximos cuatro años. Pero para que se haga efectivo el primer pago es necesario que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
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