Frecuentemente se señala que España es un país que padece 'titulitis', descuidando la formación en oficios a cambio de saturar el mercado de diplomas universitarios. A tenor de las cifras, esa realidad está cambiando: casi 800.000 jóvenes eligieron el curso pasado la Formación Profesional (FP), 200.000 más que en el curso 2011/2012, superando a los matriculados en Bachillerato. Y las posibilidades que ofrece esta opción formativa no paran de crecer: 161 ciclos de 26 familias laborales para adiestrar 660 perfiles profesionales en 4.980 centros. Datos que invitan al optimismo. ¿Por qué, entonces, esta opción académica no se termina de convertir en la herramienta contra el paro juvenil que el país necesita?
Y eso que hay también proyectos de éxito: la FP dual (modalidad que se cursa a caballo entre el centro de estudios y la empresa) acumula ya 24.000 alumnos, casi el quíntuple de los apenas 4.300 que se decantaron por esta opción el curso de su implantación, hace cinco años. Sin embargo, y a pesar de los avances, España está aún muy lejos de tener un sistema de FP que satisfaga las exigencias de un ecosistema laboral en constante evolución. Y esto es debido, principalmente, al desconocimiento de la demanda de talento del sector privado y a la aún insuficiente conexión con éste.
Este sistema, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las CCAA, se articula en tres categorías: ciclos de FP Básica –obligatoria y gratuita-; de Grado Medio –que otorgan el título de Técnico-; y de Grado Superior –que dan derecho a la cualificación de Técnico Superior-. Esta configuración, al igual que el resto de la urdimbre educativa, falla a la hora de atraer y retener talento, y la clave está en la aún deficiente formación de los profesionales, tanto antes de entrar al mercado laboral como a la hora de desarrollar las capacidades de los empleados y –aún más importante- reconocerlas oficialmente.
Adiós, talento
En el ranking de Talento Mundial 2017 publicado por el Centro de Competitividad Mundial (CCM) de la escuela de negocios suiza IMD, nuestro país se queda en la cola tanto en formación profesional de personas que entran al mundo laboral (puesto 50) como en atracción y retención de talentos en el tejido empresarial (puesto 59). Indudablemente, hay una relación de causalidad entre ambos resultados.
Por otro lado, la OCDE considera no cualificada al 46% de la población activa española, frente a la media del 25% de los países insertos en la organización. Frente a este problema, la patronal de empresarios (CEOE), en su Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo, apuesta por "frenar la tasa de abandono escolar prematuro" y "reducir por debajo del 30% el número de personas no cualificadas entre 26 y 64 años". Del mismo modo, es necesario "actualizar y desarrollar las competencias de los trabajadores empleados", a fin de "evitar la obsolescencia de sus competencias y prepararlos para las nuevas tecnologías".
En este sentido, Gema Torres, miembro por CCOO del Consejo General de Formación Profesional, observa que las mayores dificultades "se encuentran en aquellos sectores con una alta innovación tecnológica, que requieren fuertes inversiones en los centros de formación". En los últimos años, los recortes llevados a cabo por los diferentes gobiernos "han perjudicado sin duda la diversificación de la oferta", señala.
Necesidad de información
Torres, no obstante, matiza que el problema es de base: si no se conocen las vías de agua que inundan el sistema, es difícil que el barco navegue. "El problema es que no tenemos estudios y datos objetivos sobre la evolución de las ocupaciones, más allá de la demanda y oferta de empleo, que insisto, es muy escasa en sectores con alta innovación tecnológica", apostilla.
Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por elEconomista.es constatan el planteamiento de Torres, incidiendo en el desconocimiento de las tendencias que marcarán el futuro del mercado de trabajo: "Muchas de las profesiones que se van a necesitar en el horizonte del 2030 aún se desconocen en el momento actual", admiten. No obstante, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aseguran, "se está trabajando en el desarrollo de títulos que tengan en cuenta determinados aspectos como los cambios de ciclos económicos, los movimientos sociales y demográficos o la constante evolución de las tecnologías y políticas ambientales, entre otras".
Sin embargo, la realidad es que la oferta educativa para los futuros profesionales que nos instalarán el WiFi, revisarán nuestra caja de fusibles o diseñarán nuestro estilismo capilar cojea de más de una pata. Así lo confirma el análisis de la Comisión Europea, que en sus Recomendaciones relativas al programa de Reformas de 2016 de España detectó "un aumento de la inadecuación de las cualificaciones", concluyendo que la oferta de éstas "no está lo suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral".
La CEOE achaca las causas de la débil cualificación global de nuestra población activa a la visión "escolar" de la FP, aún embrionaria en lo que se refiere a sus vínculos con la producción y el empleo. Estas carencias se reflejan en una tasa de desempleo juvenil extraordinariamente alta (37,9%).
La patronal, por tanto, aboga por potenciar el desarrollo de los empleados en el seno de la propia empresa, a través de una formación de carácter abierto definida por la oferta, "que atienda las necesidades técnicas de los distintos sectores". En otras palabras, "establecer una relación fluida entre la Formación Profesional y el mercado de trabajo", ya que de nada sirve formar a un joven en las generalidades de la informática de oficina si desconoce los programas de gestión que están al alcance de las compañías. En un país donde el tejido productivo está compuesto en un 99% de PYMES y microempresas, la financiación es un punto clave para llegar a esta meta.
Reforma del modelo de subsidios
Actualmente, denuncia CEOE, la financiación obliga a diferenciar entre la formación 'educativa' y 'laboral', algo ineficiente desde el punto de vista de la patronal, que defiende una visión globalizada de la misma.
La solución que proponen los empresarios es integrar los recursos públicos y privados destinados a la formación y, al estilo centroeuropeo, que una parte de éstos se determine por el beneficio que las compañías obtienen del personal en formación: "En el caso suizo o alemán, una parte de la financiación de la FP se relaciona directamente con la productividad obtenida por las empresas de los trabajadores en prácticas".
Sin embargo, la premisa fundamental de la reformulación del sistema de Formación Profesional es el conocimiento de las expectativas del mercado laboral. Sin este conocimiento, las inadecuaciones que señala la Comisión Europea seguirán ahí, condenando a los jóvenes al paro y la precariedad. Y éste es un aspecto en el que coinciden sindicatos y empresarios.
"En CCOO venimos exigiendo, en todos los órganos en que participamos, que se mejoren los recursos y procedimientos para contar con información sobre la evolución de la demanda laboral, indispensable para mejorar la oferta de formación" –afirma Torres- "En general todos los países comparten el problema de no contar con un buen sistema de detección de los cambios que son o van a ser significativos en la producción y el empleo. De ahí que la mayor parte de las declaraciones sean genéricas, por ejemplo en lo que se refiere al impacto de la digitalización".
Por otra parte, también insistimos en que además de adaptarse hay que 'provocar' los cambios, con inversiones públicas en sectores que mejoran la calidad de vida y el bienestar social, como la transición energética y las energías renovables y vinculando la oferta formativa al empleo a dichos sectores", concluye.
