El Gobierno de Pedro Sánchez tiene "muy difícil" e incluso "casi imposible" modificar antes de que acabe este año la Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir su acuerdo con Unidos Podemos y eliminar que el Senado tenga derecho a veto en la aprobación del techo de gasto para el conjunto de las administraciones públicas, según aseguran a Servimedia expertos juristas en trámites parlamentarios y constitucionales.
El Consejo de Ministros iba a aprobar este viernes una nueva senda de déficit para el conjunto de las administraciones públicas con el propósito de elevar el gasto para 2019 en los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, la decisión se paralizó en la tarde del jueves cuando el Ministerio de Hacienda tenía todo listo y desde el Palacio de la Moncloa se dio la orden de aplazar esta decisión hasta aclarar primero cómo puede eliminarse el veto del Senado que establece actualmente la Ley de Estabilidad y que permitiría al PP tumbar la propuesta, ya que existen serias dudas al respecto.
Descartado el decreto ley para cambiar este precepto, lo cual es "imposible" por tratarse de una ley de carácter orgánica, reservada por la Constitución para temas de gran trascendencia como derechos fundamentales y funcionamiento de las instituciones del Estado, el Gobierno y sus socios han optado por la vía de la proposición de ley para proceder a la reforma.
El proceso durará meses
Según los expertos, en este caso el proceso se retrasará varios meses y difícilmente llegará a tiempo para que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
De hecho, la mera reforma legislativa para eliminar el veto del Senado a la senda de déficit podría requerir alrededor de tres meses, lo que retrasaría la aprobación del techo de gasto a diciembre o enero y la tramitación de las cuentas públicas del próximo año al primer trimestre de 2019.
Con la proposición de ley que Unidos Podemos y PSOE (junto a ERC y Compromís) han presentado en el Congreso, la reforma tendrá que seguir el procedimiento ordinario reservado constitucionalmente para cualquier ley orgánica.
Esto obliga primero a debatir la reforma en el Congreso y aprobarla con mayoría absoluta. Después se enviaría al Senado para su ratificación, algo improbable de ocurrir dado que el Partido Popular cuenta allí con más de la mitad de los escaños y ya ha anunciado su rechazo a este cambio.
De recibir el 'no' de la Cámara Alta, debería volver de nuevo a la Carrera de San Jerónimo para que la Cámara Baja le diera el visto bueno final. Este trámite ordinario es el que se lleva a cabo habitualmente para todas las leyes, con la única salvedad de que al tratarse de una ley orgánica necesitaría ser aprobada por mayoría absoluta de al menos 176 diputados y no valdría la mayoría simple.
El proceso podría llevar entre tres y seis meses de tramitación a no ser que PSOE y Podemos lo lleven por la vía de urgencia
Todo este proceso para reformar la Ley de Estabilidad podría llevar entre tres y seis meses de tramitación siempre que el PP no utilizara sus mecanismos en la Mesa del Congreso y del Senado para retrasar los plazos.
PSOE y Unidos Podemos tratan de agilizar el proceso calificando la reforma por la vía de urgencia y en trámite de lectura única, lo que evita el paso por comisión y recorta los plazos al máximo. De ese modo, la modificación de la ley orgánica podría llevarse a cabo en apenas un mes. Sin embargo, este procedimiento extraordinario necesita del visto bueno de la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos disponen de mayoría.
En caso de no poder aprobar una nueva senda presupuestaria, el Gobierno de Sánchez tendría que intentar elaborar unos Presupuestos Generales para 2019 con los cálculos que estableció el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de perder la moción de censura del pasado 1 de junio. A priori supondría menor gasto público del que quiere el PSOE pero fuentes gubernamentales reconocen que podría maquillarse elevando la previsión de ingresos.
En el caso de que luego no se cumpliera el marco presupuestario, en La Moncloa creen que no habría reproches por parte de Bruselas, puesto que ya ha dado visto bueno a suavizar el objetivo de déficit y aumentar el gasto público en el próximo ejercicio, en el que habrá elecciones municipales, autonómicas y europeas.
