El Pleno del Congreso prevé votar este viernes el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021 aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que se consideran la antesala de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
Este acuerdo debe ser aprobado por las dos Cámaras, aunque no se necesita una mayoría cualificada en ninguna de las dos. El problema del PSOE es que solo tiene 84 diputados en el Congreso y que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y su nuevo presidente, Pablo Casado, ya ha avanzado su rechazo a las cifras del Ejecutivo.
Así pues el bloqueo presupuestario parece asegurado ya que Ciudadanos no quiere un aumento tan significativo y Podemos había pedido elevarlo en 15.000 millones, por lo que no le vale la subida del ejecutivo de Sánchez. Compromís, ERC y PDeCAT aún no saben qué votarán, mientras el PNV ha anunciado el apoyo al techo de gasto.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.
Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.
Posible bloqueo presupuestario
Con la negativa de Partido Popular y Ciudadanos confirmada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado contactos con los grupos. Unidos Podemos ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el aumento del techo de gasto para 2019 en un 4,4% es "absolutamente insuficiente" por lo que siguen analizando si lo apoyarán o no en las Cortes. Desde la formación morada pedían un aumento de 15.000 millones, por lo que no les vale la subida del ejecutivo de Sánchez.
En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha reconocido que su formación ha mantenido "algunos contactos" con el Gobierno para hablar de la nueva senda de déficit público pero que "no han tenido sustancia hasta ahora". La política económica que plantea el Ejecutivo socialista se queda "muy corta" y "desgraciadamente no va por el camino de un presupuesto más expansivo", dijo.
Por su parte, el portavoz de Compromís Joan Baldoví ha reiterado que su formación se sigue planteando una abstención en la votación de los nuevos objetivos de déficit tal como hizo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Compromís gobierna en coalición con el PSOE en la Generalitat Valenciana.
Negociación bilateral con Cataluña
El diputado de ERC Joan Margall ha supeditado, en la misma rueda de prensa, la posición de su grupo parlamentario al techo de gasto y a las metas de déficit, a la negociación que se dé en la comisión bilateral Generalitat-Estado. "Habrá que ver qué explica el Gobierno en los próximos días", ha dicho.
Por parte del PDeCAT, su portavoz de Presupuestos, Ferrán Bel, ha confirmado que el Gobierno ha mantenido este fin de semana contactos telefónicos con su formación, y que prevén nuevas llamadas o reuniones, no solo con los diputados catalanes, sino con el propio Govern de la Generalitat.
En todo caso, ha declinado anticipar ninguna postura. Eso sí, el PDeCAT celebra que el Gobierno haya "cumplido" algunas de las exigencias planteadas por su formación, y espera poder fijar un calendario para aquellas que aún están pendientes. Una de ellas es la modificación de los planteamientos de la regla de gasto, aspecto que la antigua Convergència considera "fundamental".
La flexibilización de los objetivos de déficit, que otorga dos décimas más de PIB para el próximo ejercicio a las comunidades autónomas es vista con buenos ojos por la formación catalana, pues creen que "es una mejora sensible si se compara con lo que venía siendo hasta ahora", pero tampoco lo consideran el "punto de inflexión" que creen necesario. "No se recupera todo lo que se ha cargado de más a las comunidades", asevera Bel.
¿Volverá a la senda anterior de déficit?
Si hubiese veto "lo único es que tenemos que lidiar con la senda de déficit antigua", confirmó el pasado viernes María Jesús Montero. Es decir, el Ejecutivo se vería obligado a pasar de la previsión del 1,8% de déficit que ha presentado el Gobierno al objetivo anterior del 1,3% -que plantearon los populares.
De ser así, algunos de los planes de gasto desgranados por el presidente, Pedro Sánchez, podrían descarrilar. En juego no solo hay 5.200 millones de euros de gasto, que es el resultado de pasar de un techo de 119.834 millones a uno de 125.064 millones, sino un ajuste que podría rondar los 6.000 millones derivados de esa ampliación de déficit que propone el Gobierno. La cifra supondría que las CCAA contarían con 2.500 millones menos, 2.500 millones la Seguridad Social y 1.000 millones la Administración Central. Y todo ello en 2019, año electoral.
