Madrid
Poco después de que ayer Pedro Sánchez desgranase las líneas básicas de su política económica ante el Congreso de los Diputados a primera hora de la mañana, el presidente de la patronal, Juan Rosell, cargaba a mediodía contra los planes del Gobierno de elevar la presión fiscal sobre las empresas españolas -que, denunció, ya pagan más impuestos que de media en la Unión Europea (UE)-, y manifestaba su preocupación por la relajación de los objetivos de déficit público.
En Diego de León reciben con inquietud los difusos anuncios que viene lanzando el Ejecutivo en sus primeras semanas de andadura: el rediseño del Impuesto de Sociedades para fijar una tributación mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales, la implantación de la conocida como tasa Google y de un impuesto finalista a la banca para pagar las pensiones, el incremento de la carga fiscal que soporta el diésel...
Todo un paquete que Sánchez defiende por "justicia social", para asumir el mayor gasto previsto, una vez ha admitido que incumplirá las metas de déficit que manda Bruselas, pero que los empresarios ven como un "error" que "lastraría la competitividad de nuestras empresas, retraería la inversión nacional y extranjera y reduciría a medio plazo la tributación, consiguiendo un efecto contrario al deseado".
Esa fue la principal advertencia que lanzó ayer Rosell durante la presentación del informe Tributación Empresarial en la madrileña sede de la CEOE. El texto, elaborado ex profeso para contradecir el argumentario del Ejecutivo, sostiene que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total suponen el 30,4%, mientras la media de la eurozona es del 26,2%. Además, utiliza los datos del último informe Paying Taxes que elaboran el Banco Mundial y PwC para afinar la carga tributaria real que soportan los empresarios españoles: del 46,9%, frente a una media entre los países de la UE del 40,9%.
Ante estas cifras, el presidente de la patronal insistió en que la tributación empresarial en España está seis puntos por encima de la media europea y recordó que las compañías no solo pagan el Impuesto de Sociedades. De hecho, de ese casi 47%, la mayor carga fiscal (el 35,6%) deriva de las cotizaciones sociales, seguido de Sociedades (10,6%) y otros impuestos (0,7%).
Aunque sin concretar demasiado ante las insistentes preguntas de los periodistas, el dirigente empresarial advirtió de que un "incremento desmesurado de cualquiera de estos impuestos podría tener consecuencias negativas". "Las cuentas de las compañías quedarían afectadas", avisó, con el consecuente impacto en la inversión, la reducción de la deuda y la creación de empleo, a lo que se sumarían las dificultades para subir los salarios, como ya advirtió hace unos días el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.
Preocupación por el déficit
En su rechazo al aumento de la presión fiscal sobre las empresas para cuadrar las cuentas públicas, Rosell tachó de "incoherente" al Ejecutivo cuando dice que no puede hacer nada por el lado de los gastos, porque "hay pequeñas bolsas de despilfarro" en las Administraciones que se podrían atajar, como los costes ligados a la burocracia administrativa o el absentismo laboral.
Por ello, redobló su apuesta por una reforma del sector público que mejore la eficiencia y por combatir la economía sumergida, que representa del 20 al 25% del PIB, unos 180.000 millones de euros.
Ante este panorama, Rosell expresó su preocupación sobre la nueva senda fiscal de los socialistas, que eleva el objetivo de déficit cinco décimas, hasta el 2,7% este año y al 1,8% en 2019. "Si en los momentos en los que hay crecimientos del PIB y del empleo no somos capaces de reducirlo a cero, ¿qué pasará cuando esos números positivos vayan a peor?", se preguntó, para alertar después de que en el futuro las variables económicas se verán afectadas por factores externos como la subida de tipos de interés, el precio del petróleo o las incertidumbres sobre una economía mundial en plena guerra comercial.
