Roma
Italia, en su camino hacia la estabilidad presupuestaria, se enfrenta a tres grandes retos: el término del programa de compra de bonos por parte del BCE que podría empujar a la alza la prima de riesgo transalpina; el programa del Gobierno "populista" que quiere recortar impuestos y disparar el gasto aprobando nuevos subsidios, y el crecimiento de la economía que se está ralentizando otra vez.
Este rompecabezas está sobre la mesa de Giovanni Tria, el titular tecnócrata de Economía que busca conciliar las peticiones del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga, con los compromisos europeos. El problema más inmediato es la ralentización del PIB. Tria en su reciente relación al Parlamento de Roma avisó de que "aunque en un marco positivo, los datos recientes indican que sigue habiendo crecimiento en el segundo trimestre pero a un ritmo menor" con respeto a 2017.
El crecimiento inicial estimado por el Gobierno para este año fue de 1,5%, rebajado a 1,4 posteriormente por el Instituto Nacional de Estadísticas y a 1,3 por el centro de estudios de Confindustria, la principal organización empresarial del país; un dato confirmado la semana pasada por la Comisión Europea que ha avisado del riesgo de ralentización económica relacionado a "una incertidumbre global y domestica más aguda".
El ministro indicó que no habrán nuevos ajustes durante 2018 y apuntó que el Gobierno se esforzará para obtener de la UE los espacios necesarios para adoptar las medidas previstas en el programa. Sin embargo, según la prensa italiana el Ejecutivo presidido por Giuseppe Conte estaría trabajando también a una reforma del Código de la Contratación Pública (aprobado hace un año con el objetivo de limitar la corrupción y garantizar contratas transparentes), para estimular la construcción de infraestructuras y empujar el crecimiento. El diario La Repubblica afirma que el borrador el Gobierno prevé una relajación de los controles preventivos por parte de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC, creada por el Gobierno de Matteo Renzi en 2014) y apuesta por una mayor autonomía de las empresas adjudicatarias.
El Ejecutivo no confirma ni desmiente los rumores, pero el Código de la Contratación Pública está desde hace tiempo en el punto de mira del líder derechista y ministro de Interior Matteo Salvini: "el Código de la Contratación Pública está dando problemas. Cantone es muy bueno pero no se puede mover ni un cenicero sin la autorización de ANAC" dijo Salvini refiriéndose a Raffaele Cantone, presidente del organismo. "Nosotros no haremos nuevas leyes, quitaremos leyes, nuestra consigna es simplificar. El código de contratación complica las cosas", añadió el ministro.
Las propuestas de Salvini van en la dirección opuesta con respeto a las recomendaciones de Cantone que en junio, hablando en el Parlamento, pidió reforzar, haciendo efectivas las medidas del Código. "Relanzar al sistema de obras públicas requiere reglas no solo simples y comprensibles, sino también estables" dijo el presidente de ANAC, subrayando con una indirecta a Salvini: "Recientemente algunos han pedido la supresión del Código sin que sus partes más eficaces hayan todavía entrado en vigor".
Menos control
El borrador del Gobierno prevé recortar el poder la Autoridad Anticorrupción, que hoy puede suspender licitaciones y controlar las credenciales de las empresas. La nueva normativa será estudiada por un grupo de trabajo en que la ANAC y el Gobierno trabajarán codo a codo con la patronal de las empresas constructoras ANCE.
El Ejecutivo, según la prensa transalpina, busca volver al escenario previsto por "Ley objetivo" introducida por Silvio Berlusconi en 2001 (en un Gobierno del que era parte también la Liga) con el objetivo de estimular la realización de infraestructuras. Aquella norma que se basaba en el papel general del contratista, es decir, una empresa que podía gestionar en autonomía contratas y subcontratas. Varios escándalos de corrupción han demostrado sin embargo los límites de estas contrataciones públicas "privatizadas" y con escasos controles.
El éxito de la reforma dependerá una vez más de las negociaciones entre M5E y Liga. El Movimiento podría aceptar una suavización de los controles sólo a cambio de nuevas concesiones en la renta básica de ciudadanía para las familias más pobres. De hecho, Tria busca cómo financiar los 100.000 millones del programa económico.
