El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene paralizados contratos en infraestructuras por alrededor de 8.000 millones de euros que el Ejecutivo anterior preveía comenzar a lanzar el pasado mes de junio. Se trata del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que para 2018 contemplaba proyectos por 2.000 millones, la relicitación de las autopistas de peaje quebradas, por hasta 1.000 millones, los contratos para la línea AVE entre Murcia y Almería, por cerca de 2.000 millones, y el plan de compra de trenes por 3.130 millones.
Aunque ha remarcado que "la voluntad del Gobierno es no parar ninguna de las inversiones ya previstas", tras casi un mes al frente del Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos, aún no ha aclarado el futuro de la mayoría de estos planes. El nuevo ministro ya ha conformado el grueso de su equipo y por ahora se halla en una fase de reevaluación de todos los programas que su antecesor, Íñigo de la Serna, tenía ya ultimados. A este respecto, el único anuncio firme que ha realizado ha sido la decisión de revertir al Estado aquellas autopistas de peaje que vencerán en los próximos años. La primera será la AP-1 Burgos-Armiñón, el próximo 30 de noviembre. Eliminará así las barreras de estas carreteras y asumirá los costes de conservación de las vías. El anterior Gobierno mantenía la puerta abierta sobre este asunto.
En el ámbito de las carreteras, Ábalos tiene todavía dos importantes frentes abiertos. El más urgente, por las implicaciones del rumbo que tome, es el futuro de las autopistas de peaje quebradas (las cuatro radiales 2, 3, 4 y 5, la AP-41, la AP-36, el Eje Aeropuerto, la Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera). Frente a la relicitación acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la que esperaba obtener entre 700 y 1.000 millones, el nuevo ministro abogó en una entrevista a El País por "hacer una revisión ajustada", toda vez que enfrentan una Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) que el Gobierno de Mariano Rajoy cifraba en 1.800 millones y el nuevo ministro la eleva a entre 2.000 y 2.600 millones.
En este escenario, fuentes próximas al Ministerio aseguran que el Ejecutivo aparcará la relicitación de las radiales. No en vano, el plan de Fomento es renegociar y extender el convenio que Seittsa suscribió el verano pasado para hacerse cargo de las nueve autopistas y cuyo plazo vence el próximo 31 de diciembre. Ésa era la fecha límite que se había impuesto el exministro Íñigo de la Serna para devolver al sector privado las carreteras y poder así compensar en parte el coste de la RPA. Para ello, preveía sacar el concurso de los dos lotes en que había repartido las autopistas en junio, ya que estos procesos suelen requerir de unos periodos de entre cuatro y seis meses hasta su adjudicación. "Antes ya iban muy apurados, pero ahora es prácticamente imposible que les diera tiempo", lamentan en el sector.
De esta forma, el Gobierno de Sánchez tendrá que asumir un déficit público que, según ha reconocido el propio Ábalos, podría elevarse hasta los 2.600 millones. Todo ello en un contexto en el que las exigencias de Bruselas con el equilibrio fiscal siguen inalterables. Y esa cifra, además, podría aún ser mayor si los fondos que compraron la deuda salen victoriosos en los litigios que previsiblemente abrirán en los próximos meses, cuya resolución, en todo caso, se demorará durante años.
En agosto se cumplen seis meses desde que revertió a Seittsa la primera autopista, la R-2, por lo que será entonces cuando se deberá establecer la RPA. En los siguientes meses se irá estableciendo la del resto de las autopistas. Únicamente queda pendiente de liquidarse y, por tanto, de pasar a manos del Estado la AP-41 Madrid-Toledo.
En estos momentos las ocho carreteras rescatadas ya generan resultados positivos, aunque se les ha liberado de la deuda
La decisión de que Seittsa siga gestionando las autopistas en quiebra podría extenderse hasta que haya nuevas elecciones. Al fin y al cabo, cualquier opción que pase por privatizarlas contrariaría lo defendido por el PSOE en la oposición. Además, las perspectivas de tráfico son muy positivas y, de hecho, en estos momentos las ocho carreteras rescatadas ya generan resultados positivos, si bien solo lo hacen porque se les ha liberado de la deuda. El coste de mantenimiento se eleva, según datos de Seopan, a 17,9 millones anuales, mientras que el retorno fiscal que pierden las arcas públicas alcanza los 37,8 millones. Un total, por tanto, de 55,7 millones.
Al margen de las radiales, Ábalos también tiene que definir el PIC. Este plan contempla una inversión de 5.000 millones en veinte corredores a través de la colaboración público-privada, aunque para este año De la Serna preveía licitar contratos por unos 2.000 millones. El pliego ya estaba culminado y en junio pretendía lanzar los dos primeros proyectos en Murcia, por más de 900 millones. Sin embargo, el relevo en Moncloa lo ha paralizado. Fomento prevé seguir adelante con este programa, aunque de acuerdo con fuentes conocedoras podrían cambiarse algunos detalles relacionados con los plazos y las condiciones. Asimismo, cabe esperar que los contratos proyectados varíen, de forma que se beneficien más otras autonomías con mayor ascendencia del PSOE.
En cuanto a las inversiones en AVE, Adif iba a iniciar la licitación de los lotes de la línea en Murcia y Almería, incluida en el Corredor Mediterráneo, en junio por un importe de unos 1.800 millones. El gestor ferroviario tiene todo listo para sacar los concursos, pero ahora el Gobierno podría replantearse el proyecto del acceso del AVE a la ciudad de Murcia, lo que impactaría en el resto de los contratos. Para el Corredor Mediterráneo estaban en fase de prelicitación otras obras por casi 300 millones.
También en junio el anterior Ejecutivo quería aprobar en Consejo de Ministros el plan de compra de material rodante de Renfe, que incluía la adquisición de 439 trenes, por 3.130 millones. Este programa, no obstante, abarcaba el periodo 2018-2028. Para este año, las mayores urgencias apuntaban a compras por al menos 300 millones.
