Una de las medidas que se abre camino en el Pacto de Toledo para incrementar la recaudación de la Seguridad Social es ir destopando las cotizaciones máximas, actualmente en 45.014 euros al año o 3.751 euros al mes. Sin embargo, esta es una medida que ya empezó a aplicar el Partido Popular, pues desde 2012 -el primer Presupuesto de Mariano Rajoy- hasta 2017, las cotizaciones máximas han subido un 15%.
Pero para no gravar al sistema con nuevos gastos, las pensiones máximas han subido en una proporción muy inferior, tan solo un 2%, lo que implica que prácticamente todo lo aportado de más por los salarios más altos durante estos últimos seis años no supondrá una mejora sustancial de las pensiones de esos trabajadores cuando se jubilen.
Los expertos de la Seguridad Social manejan el ratio de tasa de sustitución que mide el porcentaje de la pensión sobre lo que se cotiza. Una de las peculiaridades del sistema de pensiones público español es que el ratio es de los más altos de mundo. Un informe del Banco de España concluye que en 2014 España era el país con la tasa de reposición más alta de toda la OCDE, un 83%, 25 puntos por encima de la media de la OCDE situada en el 58%. El país más cercano era Austria que no llegaba al 80%. Portugal estaba en el 72%, Italia en el 70%, Francia y Finlandia en el 58% y Alemania no llegaba en 2014 al 40%.
Confluencia en las máximas
Sin embargo, con los Presupuestos -que aprueban cada año el nivel de las cotizaciones máximas- del PP se ha ido acortando la brecha con el resto de los países. Cuando en 2012 se presentan las primeras cuentas públicas de la era Rajoy, la tasa cotización máxima/pensión máxima estaba en el 90,2%. Una de las más altas de toda la historia de la Seguridad, aunque en 1984 cuando se establecieron las cotizaciones máximas, el ratio estaba por encima de 100, pues se pagaba como máximo a la Seguridad Social 15.452 euros anuales y se cobraba de pensión máxima 15.814 euros.
Como curiosidad, el ratio no descendió durante la crisis económica y siempre se mantuvo alrededor del 90 por ciento, entre otras cosas por el colchón que suponía el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Una situación que cambió de forma ostensible con los gobiernos populares, pues en esos seis años se ha reducido el ratio en diez puntos para las cotizaciones máximas. No para el resto, pues en este periodo se destopó al alza la aportación máxima un 15% -desde 3.265 euros a 3.751 euros, 486 euros de incremento-, en contraste con el aumento de la cotización media a la Seguridad Social que tan solo ha subido un 3,1% de 2012 a 2017 -desde 1.689 euros a 1.742 euros, 147 euros de aumento-.
Sin embargo, las pensiones máximas han distado mucho se subir en la misma proporción. Así, los pensionistas que más cobraban de las Seguridad Social recibían del sistema público 2.522 euros en 2012 y en 2017 estaban en 2.573 euros, un incremento de 51 euros.
Las subidas del 0,25% establecidos en la reforma del PP de 2013 han mantenido prácticamente las prestaciones congeladas, pero no las contribuciones, al menos la de los trabajadores que están en 45.000 o más euros. Un informe de la Seguridad Social cifraba en noviembre del pasado año el número de trabajadores cuyos salarios superaban esos máximo en el 8% del total de afiliados, es decir alrededor de 1,47 millones de personas. Sobre estos y sus empresas recaería el coste de continuar con el destope de sus contribuciones sociales, tal y como está planteando el Pacto de Toledo.
Aunque de momento no se ha entrado a debatir este punto en profundidad, ya se ha demostrado una cierta disparidad de opiniones. Podemos defiende la necesidad de que se destope totalmente la cotización y que cada trabajador contribuya al sistema en proporción a sus ingresos reales. Aunque las pensiones máximas deberían quedar congeladas. La formación morada explica esta decisión en la solidaridad de los que más ingresos generan respecto al resto de trabajadores.
El resto de grupos no está por esa ecuación, pues consideran que si se suben las cotizaciones máximas, también deben incrementarse los pensiones máximas que esos trabajadores recibirán cuando se jubilen. Aunque también hay consenso en que no se puede elevar en el mismo porcentaje; de ser así, las pensiones del futuro generarán una carga al sistema superior a los ingresos que se obtendría destopando las cotizaciones máximas.
El Pacto de Toledo asume pues que las negociaciones deben determinar qué porcentaje se destopan las bases máximas y cuánto la pensión máxima, dando por hecho que la pensión siempre estará por debajo. Lo que supondría seguir rebajando la tasa de reposición por debajo del 80% actual. Quizá hasta un 70%, insinúan.
