Economía

La Sanidad gratuita a extranjeros le costará a España 1.100 millones al año

  • El Gobierno recupera la cobertura suprimida por el PP para evitar el fraude
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, tras el Consejo de Ministros. Foto: Efe.

El Gobierno anunció el viernes la aprobación en seis semanas de un real decreto para recuperar la Sanidad gratuita para todos los extranjeros en nuestro país, incluidos los inmigrantes sin papeles, lo que el nuevo Ejecutivo socialista denomina recuperar la Sanidad universal. Esta prestación le puede costar al Gobierno cerca de 1.100 millones al año. Con esta medida, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez eliminará buena parte de la reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, impulsada por la ministra Ana Mato, con la que pretendía eliminiar el fraude del llamado turismo sanitario que se daba en España. Editorial de elEconomista

Según anunció la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con esta nuevo decreto se devolvera el derecho a la salud a todas las personas. "Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud", afirmó la también ministra de Educación y Formación Profesional.

Fraude del turismo sanitario

La reforma sanitaria llevada a cabo entonces por la ministra Ana Mato buscaba acabar con el paraíso sanitario que suponía entonces nuestro país para los extranjeros, aunque finalmente afectó también a los inmigrantes en situación irregular. Así, el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo efectiva su reforma de la asistencia sanitaria a extranjeros y procedió a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que, según comunicó entonces el Ministerio de Sanidad, afectó a 153.000 personas. Desde entonces, según la normativa en vigor, los inmigrantes ilegales tienen derecho en nuestro país únicamente a ser atendidos en urgencias, en maternidad y a la atención infantil hasta los 18 años.

Si el Gobierno devuelve ahora la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, el Ejecutivo deberá preparar una partida de 500 millones anuales, si se toma el coste que tenía la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles en 2012. Si el Ejecutivo decide además extender la tarjeta sanitaria a todos los europeos residentes en España -como eliminó la reforma del PP- este gasto subiría otros 600 millones anuales. Y es que la partida anual que el Estado dedicaba a la atención sanitaria a extranjeros de países europeos ascendía a 1.000 millones anuales. De esa cantidad, nuestro país intentaba recuperar posteriormente el dinero gastado por ciudadanos de países con los que España tenía acuerdo de colaboración.

De los 1.000 millones gastados, nuestro país apenas recuperaba cada año 400 millones. De ahí que dentro de las medidas de ajuste de gasto sanitario, la reforma llevada a cabo por el PP estableció que para tener derecho a acudir a la Sanidad pública había que estar dado de alta en la Seguridad Social.

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