Theresa May evitó ayer in extremis una dolorosa derrota parlamentaria que maniataría su estrategia para ejecutar la salida de Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra británica aceptó concesiones para evitar que los rebeldes conservadores otorgasen a Westminster responsabilidad íntegra ante un potencial rechazo del acuerdo final con Bruselas.
Pero el balance que importa de la primera de las dos jornadas de debate de la Ley de Retirada de la Unión Europea es que le permitió salir del Parlamento con la cabeza alta, invicta, pese a que el día había arrancado con la perniciosa dimisión de una de las grandes promesas del Gobierno.
Phillip Lee anunció su renuncia como alto cargo de Justicia por los "perjuicios" que, según él, ocasionará la ruptura tal como la concibe el Ejecutivo. Su decisión amenazaba con un efecto contagio, pero, finalmente, Downing Street supo neutralizarlo al prometer un "debate abierto" en torno al "voto significativo" que la Cámara de los Lores había demandado para el Parlamento, en caso de refutar los términos del divorcio.
Está por ver que la formulación final convenza a quienes han confiado en su palabra, pero, de momento, el Número 10 se ha anotado una victoria tan política como moral, al garantizar que la Ley de Retirada, el manual de instrucciones que regirá sobre la salida de la Unión Europea, continúa bajo sus condiciones. Satisfacer a los díscolos, con todo, implicará importantes renuncias, especialmente a la baza con la que May advertía de que "ningún acuerdo es mejor que uno malo".
El saldo, en cualquier caso, es positivo: tras resolver a su favor las votaciones de ayer, la más peligrosa de hoy, relacionada con la unión de aranceles, quedará para la tramitación de la Ley Aduanera y Comercial.
La verdadera batalla para los rebeldes que no respetan la disciplina interna, no obstante, será en el mes de julio, cuando se debatan las normativas de aranceles y comercio, dada la fricción que las divergencias en lo referido al encaje de aduanas ha generado ya con Bruselas. Aunque May logró un acuerdo en su gabinete para la denominada "barrera de seguridad", con la que pretende evitar la reimposición de una frontera con Irlanda, la Unión Europea parece no tenerlo tan claro.
