Una de las enmiendas introducidas el lunes por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Presupuestos de 2018 durante su tramitación en el Senado exime a las instalaciones de energía renovable menores de 300 kW -y los famosos huertos solares- de sufrir futuros recortes retributivos, lo que evitará una reducción de unos 900 millones de euros en la factura eléctrica de los consumidores a partir del año 2020.
La Ley 24/2013 establece que las actividades reguladas del sistema eléctrico obtendrán una "rentabilidad razonable" que se calcula cada seis años en función de las Obligaciones del Estado durante los 10 ejercicios precedentes, añadiendo un diferencial de 300 puntos básicos en el caso de las renovables, y de 200 puntos básicos en el caso de las redes eléctricas que transportan y distribuyen la energía.
En consecuencia, en la actualidad, las instalaciones renovables obtienen una rentabilidad del 7,4% y las redes eléctricas una rentabilidad del 6,4%, en ambos casos antes de impuestos.
Revisar la rentabilidad
Ahora bien, en 2019 corresponde revisar la rentabilidad razonable por primera vez desde que la Ley entró en vigor y, como los tipos de interés han estado muy bajos en los últimos ejercicios, se debería producir una fuerte reducción de la retribución de las citadas actividades reguladas a partir de 2020.
Al aplicar las fórmulas retributivas, en ambos casos debería haber una reducción de los ingresos de las instalaciones del orden el 40%, de modo que las renovables pasarán a un 4,5% y las redes a un 3,9%, pero mientras en el primer caso el recorte se producirá de golpe, en el segundo se hará escalonadamente, a razón de un 0,5% por ejercicio.
Todas las empresas eléctricas, desde las cinco grandes -EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo- hasta Acciona, las pequeñas distribuidoras y las numerosas firmas de renovables, están en contra de la medida, y llevan años haciendo lobby con los partidos políticos y con el anterior Gobierno para impedir el recorte, que tendrá un importante impacto en sus cuentas de resultados. Hasta la semipública REE había pedido que se tuviera en cuenta el espíritu de la regulación y no su letra, para evitar el golpe que se avecina.
Ya en abril del año pasado, como adelantó elEconomista, cinco patronales del sector -Unesa, Aee, Appa, Unef y Protermosolar-, avisaban al Gobierno por carta de que el recorte, en el caso de que finalmente se produjera, "representaría un mayor riesgo para las empresas del sector, que podrían enfrentarse a dificultades para hacer frente al pago del servicio de la deuda, con la posibilidad del cierre de plantas y la consiguiente destrucción de empleo, además del deterioro del valor de los activos existentes que podría fomentar el traspaso de los mismos a actores con escaso interés de permanencia".
Más recientemente, Deloitte ha publicado un informe en el que defiende el mantenimiento de la actual retribución de las redes eléctricas para que su rentabilidad se mantenga en línea con la del resto de los países de la UE.
1.500 millones de ahorro
Sin embargo, el anterior titular del Ministerio de Energía, Álvaro Nadal, rechazó estas presiones, defendiendo la aplicación del recorte tal y como está recogido en la normativa. Su principal argumento era que sólo durante el primer año se traduciría en una rebaja de unos 1.500 millones en los costes fijos del sistema eléctrico, que a su vez permitiría rebajar del 5 al 10% las facturas de los consumidores y, consecuentemente, incrementar competitividad del país.
La oposición política también le pedía insistentemente al anterior ministro evitar el recorte -este lunes Compromís se lo reclamaba en un comunicado al nuevo Ejecutivo-, pero Nadal se mantuvo firme, convencido de que ningún partido querría asumir el coste político de evitar una rebaja de la luz.
Eximir a las pequeñas
Sin embargo, el PP registró el lunes una enmienda que introduce una nueva Disposición final a la Ley de Presupuestos de 2018 eximiendo de cualquier revisión retributiva futura a las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, que en julio de 2013 -a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, una norma clave de la reforma eléctrica- tuvieran una potencia inferior a 300 kW.
Concretamente, la enmienda establece que el valor actual de la rentabilidad razonable -el referido 7,4%- "no será objeto de revisión durante la vida útil regulatoria de las instalaciones".
La enmienda parece afectar únicamente a plantas de pequeño tamaño de todas las tecnologías, pero engloba a un buen número de grandes centrales solares fotovoltaicas, concretamente a las construidas durante el boom del año 2008, los famosos huertos solares, que jurídicamente están divididas en instalaciones de 100 kW. Muchos de ellos están en una situación financiera muy comprometida, ya que los sucesivos recortes que han sufrido les han obligado a refinanciarse -en ocasiones con plazos superiores a las dos décadas- y difícilmente iban a superar el recorte de 2020.
Durante el año pasado, sólo esta tecnología solar recibió una retribución regulada superior a los 2.400 millones, que deberían reducirse hasta el entorno de los 1.500 millones en 2020. Sin embargo, al aplicar la enmienda, buena parte de esa reducción no tendrá lugar.
Este periódico intentó sin éxito contactar con un portavoz del PP en el Senado para aclarar más el impacto y el alcance del contenido de la enmienda.
