El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) rechazó la totalidad de los recursos que recibió contra la resolución del Banco Popular. Concretamente, el organismo registró 144 recursos potestativos de reposición el año pasado. Este tipo de actuaciones las interponen los ciudadanos para recurrir las decisiones de los órganos de Administración Pública. "Ninguno ha prosperado siendo todos ellos objeto de inadmisión o desestimación por parte de la Comisión Rectora del Frob", reseña el organismo en su memoria de actividades de 2017.
Estos recursos forman parte de las distintos procedimientos que se han llevado a cabo contra el Frob por ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) europea sobre el Popular. Asimismo, la Memoria reseña que la Audiencia Nacional ha recibido un total de 259 recursos contencioso administrativos contra la decisión de resolver la entidad entonces presidida por Emilio Saracho.
El Juzgado Central decidió el pasado enero congelar el proceso por la vía contencioso administrativa hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre las distintas demandas que ha recibido por la caída de la que era la sexta entidad del país. No obstante, el Frob, antes de que se tomara la decisión de paralizar el proceso, ya había comunicado al Juzgado que haría entrega del famoso informe secreto de Deloitte si el magistrado lo pedía, algo que finalmente no solicitó.
Por otro lado, el organismo que encabeza Jaime Ponce ha remitido a lo largo del año 57 informes a la Fiscalía Anticorrupción por presuntas prácticas irregulares identificadas en las entidades. A cierre de 2017, el Frob se encontraba personado en 25 causas penales, de las que 21 fueron iniciadas por el propio organismo.
El Frob considera que la resolución del Popular fue clave para afianzar el papel del Mecanismo Único de Resolución (MUR) como un pilar clave de la Unión Bancaria.
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