El Ministerio de Fomento ha introducido una nueva modificación en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que añade incertidumbre a los fondos de infraestructuras y las constructoras interesadas en participar en este programa, cuya dotación asciende a 5.000 millones de euros. Así, el plazo de concesión de los distintos proyectos ya no será de 30 años, como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en julio de 2017, sino que se determinará individualmente para cada contrato en función de las obras y los servicios, situándose en muchos casos por debajo, según explican fuentes conocedoras. Se fijará a través de una fórmula ligada al periodo de recuperación de la inversión, tal y como lo exige para las concesiones de más de cinco años el Real Decreto 5/2017 que desarrolla la Ley de Desindexación de la economía española.
En el pliego del PIC no se establece un plazo concreto. "Se podría determinar a través de una orden ministerial", señalan fuentes del sector, que advierten de que la limitación de la vida de las concesiones, frente a los 30 años anunciados, "limitará el alcance de las ofertas". Los dos primeros contratos, en Murcia, se licitarán en junio.
El cambio en el plazo de la concesión se suma a la introducción de un indicador de tráfico para adaptar el plan a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, tal y como adelantó este diario el pasado 4 de mayo. El PIC se instrumenta bajo un modelo de pago por disponibilidad, de manera que no hay peajes para los usuarios y el Estado paga a las concesionarias por mantener y explotar la vía en óptimas condiciones. Ahora bien, con este nuevo indicador se introduce un riesgo con el que no contaba el sector privado y que, a su juicio, limita el atractivo para los financiadores. Actuará como un factor corrector, de modo que si el tráfico es inferior a lo estimado, el Estado pagará menos por la concesión.
El indicador de demanda tendrá un peso del 25% sobre el canon, estará referido al tráfico real desde el inicio de la explotación y tendrá una ponderación en función de su evolución. Así, si el tráfico cae hasta el 40%, el descuento en el canon será de hasta el 10%; si baja entre el 40 y el 50%, el ajuste será de entre el 10 y el 25%; y si la caída supera el 50%, alcanzará el 25%.
5% para las 'conservadoras'
El pliego del PIC, en su última versión, obliga, por otro lado, a que forme parte de la sociedad concesionaria una empresa de conservación, con una participación mínima del 5% del capital social. Se trata de una cláusula similar a la que existió para las autovías de primera generación. Esta medida, que no se incluía en los borradores iniciales, deriva del riesgo de suministro que recoge la nueva Ley de Contratos.
Además, Fomento ha rechazado la petición de las constructoras para limitar los riesgos expropiatorios. Así, las empresas asumirán hasta el 150% del coste de las expropiaciones acordado en la oferta, mientras que la Administración se hará cargo del tramo que va del 150 al 250%. A partir de este porcentaje será responsabilidad de las concesionarias, que pedían elevarlo al 400%.