Los Estados de la Unión Europea mantienen una tendencia generalizada hacia una mayor independencia de la Fiscalía, frente a la tradicional Fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo, según las conclusiones del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE 2018, que publica la Comisión Europea.
Esta edición mejora la nota de España en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la UE y lo coloca en la media de los Estados miembros. En el estudio destaca la accesibilidad del sistema de Justicia y por la calidad de la asistencia jurídica gratuita, garantizada para todos ciudadanos que se sitúan un 40 por ciento por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel solo alcanzado por Dinamarca.
Un año más se abre en el estudio el eterno debate sobre la homologación de lo que se considera jueces, puesto que no incluye a los letrados de la Administración de Justicia, cuyas competencias las realizan jueces en otros países, ni a los jueces no profesionales.
Datos positivos
En materia de eficiencia judicial, el informe de Bruselas es muy positivo para España en cuanto a la tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles y administrativos y la sitúa en términos generales en quinta posición por delante de sus principales socios europeos.
Así, con un porcentaje del 104,6 por ciento, los juzgados españoles resuelven un 4,6 por ciento más de lo que ingresan. Respecto a 2017, se reduce el tiempo de respuesta de los asuntos judiciales en Primera Instancia, que en el caso de España es de 227 días, mejorando los ratios de Francia, Italia y Alemania.
Con respecto a la eficiencia de los sistemas judiciales, el informe de Bruselas explica que se puede observar una evolución positiva en los Estados miembros con problemas, pero los procedimientos civiles y mercantiles siguen siendo muy largos en varios Estados miembros. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero, los procedimientos judiciales en primera instancia en aproximadamente la mitad de los Veintiocho duran hasta un año de media. Pueden durar un promedio de incluso dos o más años en otros Estados miembros.
En materia de gasto realizado por las administraciones públicas en el conjunto del sistema judicial, España aparece por encima de los 75 euros por habitante, a la par de Dinamarca y Finlandia que registran valores semejantes.
En general, el nivel del gasto en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Desde 2007, 16 Estados miembros han utilizado los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESI) para mejorar la eficacia de sus sistemas de Justicia. Entre 2007 y 2023, estos Estados miembros habrán gastado más de 900 millones de euros para aumentar la eficacia y mejorar la calidad de sus sistemas de Justicia. La mayoría utilizó los Fondos ESI en una serie de actividades, mientras que otros pocos se centraron en una sola categoría.
De esta forma, España y Portugal asignaron los fondos exclusivamente a la digitalización y a las tecnologías de la información (TIC), y Malta y Croacia a la formación y la sensibilización. Muchos de los Estados miembros que han empleado una parte significativa de sus Fondos para digitalización y TIC están entre los que las emplean para intercambiar información entre tribunales y abogados.
Por otra parte, explica el informe que la percepción de la independencia del poder judicial por parte de las empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior o desde 2010, aunque también ha empeorado en algunos países. Este es el caso de España, que según los datos de percepción negativa de los ciudadanos del Eurobarómetro, ocupa la sexta posición, tras Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia. Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las injerencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces.
Además, por segundo año consecutivo España aparece junto con Francia como únicos países en los que el consumidor no ha de abonar una tasa para iniciar un procedimiento judicial. También en el capítulo de accesibilidad, España obtiene buena nota en implementación y disponibilidad de medios electrónicos al servicio de la Justicia y se sitúa en la octava posición por delante de países como Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica o Italia.
