Europa podrá impedir a España desde el próximo año aumentos del desembolso en pensiones que excedan la regla de gasto, que para nuestro país está situada en el 2,4% y que irá a menos, dado que el PIB tiende a desacelerarse levemente. Así lo advirtió este miércoles en comparecencia parlamentaria el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien recordó que la Seguridad Social en España no se rige por la citada regla de gasto, pero sí lo hace a nivel comunitario cuando el Estado en cuestión sale del procedimiento de déficit excesivo y baja el desvío del 3%.
"El crecimiento del gasto de la Seguridad Social va a estar sin duda por encima de la tasa de referencia", manifestó Escrivá, que acudió a la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad de las Administraciones Públicas.
El presidente de AIReF no mencionó específicamente ninguno de los últimos anuncios del Ejecutivo, pero a nadie se le escapa que subir las pensiones con el IPC -con un coste de 1.600 millones de euros anuales-; incrementar las mínimas y las de viudedad el 3%; y asumir cada año 3.700 millones extraordinarios para sufragar 100.000 nuevos retiros, impulsará los costes mucho más allá del 3%.
Para muestra, un botón. Según los últimos datos de ejecución mensuales que difunde el Ministerio de Empleo, el gasto crece tozudamente por encima del 3% incluso con las revalorizaciones mínimas del 0,25% que han venido imperando desde el año 2012. De esa manera, con incrementos mayores el aumento del presupuesto de la Seguridad Social podría incluso superar el 4%, el doble de lo que la regla de gasto permitiría.
Está por ver el mecanismo que la UE podría activar para frenar subidas excesivas, si bien es conocido que la forma en que el Gobierno está gestionando el asunto de las pensiones en los últimos tiempos ha caído como un jarro de agua fría en Bruselas. Lo último que esperaban del único país europeo que queda bajo el yugo del procedimiento de déficit excesivo es que diera marcha atrás con una reforma de pensiones, la de 2013, que nivelaba el gasto a medio plazo; y que cediera y comenzara a revalorizar las jubilaciones de nuevo con el IPC.
Puede que la sangre no llegara al río, como ya sucedió en 2016 cuando la Comisión perdonó una multa millonaria al Ejecutivo por exceder el déficit pactado. Lo que parece claro es que las discusiones en el seno del Eurogrupo se pueden tornar muy agrias por las medidas anunciadas y por la revisión completa que efectúe del sistema el Pacto de Toledo.
Las subidas con el IPC, de mínimas y de viudedad son medidas que el Gobierno no sólo ha prometido para este año, sino también para el próximo. Además está el retraso de cuatro años en el inicio de la aplicación del factor de sostenibilidad, de 2019 a 2023. Todo ello en virtud de su pacto presupuestario con el PNV y con la vista claramente fijada en el periodo electoral que se abre con las autonómicas y europeas de 2019 y se cerrará con la convocatoria de generales, como tarde, a mediados de 2020.
El gasto sí baja en conjunto
La Seguridad Social será, de hecho, la máxima responsable de que el déficit público se sitúe en la órbita del 2% a medio plazo y no tienda al equilibrio, como pretende el Ejecutivo. Porque el resto de Administraciones, dijo Escrivá, sí se están comportando bien de forma global. "Nos hemos situado por debajo de la regla de gasto", llegó a decir, mostrando un gráfico en el que se aprecia como los desembolsos han caído 4 puntos del PIB desde el año 2014, hasta la órbita del 41% de finales de 2017.
Obviamente, y en función de la Administración, el grado de cumplimiento va por barrios. El Estado ahora cumple, pero no lo hizo en los primeros años de aplicación de la Ley de Estabilidad. Entre las autonomías, diez no respetan el límite, con País Vasco, Castilla y León y Madrid como las que más desobedecieron en el último ejercicio -según los datos del propio ministro Cristóbal Montoro-. Y los municipios, siempre fieles a su tradición de disciplina, respetan siempre el tope que le facilita la ley e incluso quedan por debajo.
Escrivá sí quiso referirse a que ese horizonte del déficit al 2% puede causar serios problemas a España. Sobre todo, por el lado de la deuda, nuestra losa macroeconómica junto al paro a ojos de la UE y el FMI. "Vemos en nuestros análisis como a medio término, la ratio de deuda sobre PIB se estabilizaría en torno al 85%", señaló Escrivá, recordando que el Pacto de Estabilidad sitúa el límite en el 60%. El país no está ni de lejos en condiciones de alcanzar esa cota al menos en 18 años. Y menos aún cuando la Autoridad Fiscal ve "muy difícil" respetar, ya este año, el desvío presupuestario del 2,2% que se ha fijado el Ejecutivo como meta.
'Críticas' a las rebajas fiscales
Pese a que no fue muy explícito, el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, añadió en su presentación un cálculo de lo que hubiera sucedido con los impuestos sin las rebajas fiscales que aprobó el Ejecutivo del PP en los años 2014 y 2015. A ojos del organismo supervisor, la recaudación por IRPF habría crecido hasta ocho décimas más de PIB el año pasado, y la de Sociedades otras cinco décimas. En conjunto, más de un punto de PIB, que hubiera situado los ingresos al borde del 39%, logrando que se superaran los 200.000 millones que aún se resisten.