El Ministerio de Fomento ha desterrado el planteamiento inicial por el que las concesionarias que gestionarán en el futuro las autopistas de peaje quebradas pagarían un canon anual variable al Estado cuando el tráfico supere ampliamente el previsto en los estudios de viabilidad. Según explican fuentes jurídicas conocedoras del proceso, esta compartición de ingresos podría implicar el cómputo en el déficit público de parte del canon inicial pagado por el concesionario, toda vez que el Estado participaría en el negocio de las infraestructuras.
La propuesta de Fomento contempla el pago por parte de la concesionaria adjudicataria de un canon anual que se devengará si el tráfico real supera el umbral del 125% de los ingresos previstos por los peajes, de modo que abonaría al Estado el 25% sobre el exceso y el 50% si se rebasa la cota del 150%.
Este planteamiento, que beneficiaría a las cuentas públicas en aquellos años en los que los tráficos fueran mejores que las estimaciones fijadas en los contratos, choca sin embargo con cuestiones contables de la Administración, lo que ha llevado a Fomento a descartar esta opción, al menos en los términos establecidos inicialmente, según fuentes conocedoras.
Algunas fuentes apuntan a que ha sido la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), dependiente del Ministerio de Hacienda, la que ha expresado sus dudas al respecto. Desde Fomento aseguran sin embargo que el borrador del pliego aún no ha llegado al departamento que dirige Cristóbal Montoro y que se sigue trabajando internamente en su elaboración. El equipo de Jorge Urrecho, director general de Carreteras, está inmerso en esta tarea.
Las dificultades con que se ha topado Fomento para implementar esta medida ha sido recibida con los brazos abiertos por el sector privado, que había mostrado su disconformidad con la compartición de los ingresos cuando el tráfico supere las previsiones y no cuando se sitúe por debajo, de acuerdo con las fuentes empresariales consultadas. La relicitación de las autopistas quebradas ha atraído el interés de las grandes concesionarias españolas (Abertis, Globalvia, Itínere, Roadis, Cintra o Acciona) y de fondos de infraestructuras internacionales como IFM, Macquarie o Ardian.
Fomento ha dividido las nueve autopistas en dos lotes: las radiales 2, 3, 4 y 5 junto con la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-41 Madrid-Toledo y la M-12 Eje Aeropuerto, por un lado, y la Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera, por otro. Por ambos concursos estima ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros. Este importe corresponde al canon único que establecerá la mejor oferta. La relicitación para la explotación y conservación de las autopistas tendrá una duración de 25 años en el caso del lote de las vías cercanas a Madrid y de 22 años en el caso de las del Mediterráneo.
El calendario que maneja el Ministerio de Fomento es poder sacar la licitación de ambos lotes a partir de junio, con el objetivo de adjudicarlos antes de que finalice el año. Con ello, quiere amortiguar el impacto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), cuyas cuantías se fijarán individualmente para cada autopista.
Asume la gestión de la R-3 y la R-5
El Ministerio de Fomento 'rescata' las autopistas radiales R-3 y R-5, las que unen Madrid con Arganda y Navalcarnero, respectivamente, a las 6.00 horas de este jueves 10 de mayo, tal como determinó el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Una vez que asuma estas dos autopistas, el departamento que dirige Íñigo de la Serna se habrá hecho ya con ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra. Queda pendiente el proceso de la AP-41 Madrid-Toledo, que aún se halla en la fase de convenio.
