La Comisión Europea presentará este miércoles su esperada propuesta para el próximo presupuesto plurianual de la UE. Las cuentas, que cubrirán el periodo 2021-2027, serán las primeras tras la salida del Reino Unido del bloque de 28. El agujero de unos 12.000 millones de euros que dejará Londres con el Brexit, y el aumento de las prioridades y desafíos que encara Europa, complicarán una negociación que en periodos pasados siempre ha sido difícil. Pero la discusión del próximo periodo plurianual será especialmente tensa por la voluntad de la Comisión de añadir una nueva condicionalidad para acceder al maná comunitario.
Su propuesta vincula el desembolso de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho en la UE. La idea, que lleva tiempo rumiándose en Bruselas para retorcer el brazo de socios díscolos como Polonia y Hungría, sin embargo no llegará vinculada al objetivo de proteger los valores y derechos fundamentales de la UE, como se había planteado inicialmente, sino a una "gestión financiera sólida", según explicaron fuentes al tanto de la propuesta a elEconomista.
Precondición
El resultado será el mismo. El Ejecutivo comunitario podrá castigar a los países cuyas autoridades, jueces o auditores estén en entredicho, aunque sea a través de su deficiencia para garantizar el uso apropiado del dinero de la UE. Como comentan las fuentes consultadas, el respeto por el Estado de Derecho es una "precondición esencial" para conseguir una "gestión financiera sólida".
Bruselas tomará nota de casos en los estados miembros en los que se han utilizado los fondos comunitarios para fines diferentes de los acordados, de casos de corrupción que afecten a transferencias de la Unión, o de la inactividad de jueces para enmendar los errores. Si las capitales no corrigen sus errores tras un proceso de diálogo con la Comisión, el colegio de comisarios aprobaría la suspensión de fondos comunitarios. No obstante, según la propuesta, el estado miembro estaría obligado a seguir aportando su parte de la cofinanciación a los proyectos.
Al utilizar como base legal la buena gestión financiera del presupuesto contemplada en los Tratados de la UE (artículos 317 y 322) la Comisión se permite introducir el procedimiento de votación de mayoría cualificada inversa, copiado del procedimiento de déficit excesivo. Es decir, la suspensión quedaría aprobada por los comisarios a menos que una mayoría de países se opusieran en el Consejo.
De esta manera, la Comisión conseguiría salvar el obstruccionismo con el que se encontraría si utilizara como base legal la protección de los derechos y los valores fundamentales (artículo 7). Este artículo de los Tratados requiere la unanimidad de los países para llegar a las sanciones, y Polonia y Hungría se tienen las espaldas protegidas mutuamente.
El Gobierno húngaro de Viktor Orban y el polaco de Ley y Justicia llevan meses en disputa con Bruselas, sobre todo a raíz de su rechazo a acoger refugiados. Las tensiones aumentaron con Varsovia por su reforma judicial hasta activarse un proceso sancionador en base al articulo 7. El Parlamento Europeo ha solicitado que se haga lo mismo con Budapest, por la deriva autoritaria de Orban.
¿Más fondos?
Más allá de esta nueva condicionalidad, se espera que la Comisión proponga incrementar ligeramente el volumen del presupuesto comunitario para 2021-2027, para fijarlo probablemente en torno a un 1,2% del PIB de la Unión (más de un billon de euros). El
miércoles también desgranará cómo quiere repartir los fondos entre las grandes partidas de gasto. Se esperan recortes en los fondos de cohesión y los agrícolas, las dos prioridades que más dinero absorben (unos dos tercios del total). España se opone a esos recortes, y se ha ofrecido a contribuir con más euros a la hucha común, como también lo han sugerido una docena larga de países. Porque son los estados miembros los que alimentan en gran parte el presupuesto comunitario.
Los estados miembros intentarán llegar a un acuerdo sobre las cifras y el reparto en base a la propuesta de la Comisión en los próximos meses. La cantidad final probablemente será algo inferior a la del Ejecutivo. Una vez que los Gobiernos lleguen a un acuerdo entre ellos, harán lo propio con el Parlamento Europeo. Aunque la Comisión quería concluir la negociación en la primavera de 2019, seguramente se alargará hasta el último minuto como en pasadas ocasiones.