La Seguridad Social afronta un encarecimiento de las pensiones de más de 5.000 millones de euros anuales desde que el Pacto de Toledo iniciase sus trabajos en noviembre de 2016 para pactar una nueva reforma que, salvo sorpresa, ni siquiera verá la luz en este ejercicio. Sin que haya habido apenas avances en las discusiones entre los diputados en todo este periodo, el coste mensual ha pasado de los 8.598 millones de aquel noviembre de inicio de la legislatura a los 8.965 millones de abril, según los datos que este lunes mismo difundió el Ministerio de Empleo. Son 367 millones mensuales más que, en tasa anual y teniendo en cuenta las 14 pagas que reciben los pensionistas, arrojan los 5.000 millones mencionados.
Está previsto que, en mayo o a lo sumo en junio, la nómina mensual que el sistema dedica a este capítulo rebase por primera vez en la historia los 9.000 millones anuales, reflejando un incremento que supera el 46% en la última década. Un avance del gasto importante, apenas mitigado por el destacado avance de las cotizaciones, cuya recaudación crece por encima del 5% desde 2017. La tendencia irá incluso a más si se aprueban los Presupuestos, ya que el Ejecutivo ha aprobado revalorizaciones del 3% para las pensiones mínimas y de viudedad; y del 1,5 y 2% para pensiones inferiores a los 840 euros mensuales.
De igual manera, el número de pensiones que abona la Seguridad Social se ha incrementado en el periodo improductivo de debate en el Pacto de Toledo en 145.000 beneficiarios, muchos de los cuales se retiran con una paga media en torno a los 1.400 euros y una tasa de sustitución de más del 80%, la segunda más elevada de toda la Unión Europea.
La subcomisión que aborda el futuro de nuestras pensiones retoma este martes sus trabajos con el intento de avanzar con más ímpetu ahora que los anuncios del Gobierno, con incrementos superiores al 0,25% para una mayoría de pensionistas, ha logrado rebajar el debate en la calle.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sigue mostrándose optimista y augura un acuerdo incluso en esta primavera, pero los hechos entierran en parte esta teoría. Pese a que hay cierto quorum en determinados aspectos (separación de fuentes o extracción de bonificaciones de la Seguridad Social), las disputas políticas en torno a la fórmula de revalorización, clave fundamental del debate, sugieren que tardará en producirse un acuerdo político de nuevas recomendaciones.
