Juan Rosell volverá a presentarse ante el órgano supremo de gobierno y decisión de la patronal con las manos vacías, un año más. Tras meses de reuniones técnicas esporádicas, condicionadas por una especie de crisis convulsiva permanente, que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con la negociación colectiva, el presidente de la CEOE no ha logrado cerrar un acuerdo con los sindicatos que sirva de orientación a los convenios colectivos para determinar la subida salarial de 2018.
Los sindicatos ven "grandes dificultades" para firmar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y la patronal descarta ya la foto con CCOO y UGT antes del Primero de Mayo. "Es imposible que se sienten ahora", aseguran fuentes empresariales. Recordemos que fue la CEOE quien amplió el plazo a abril -se habían dado hasta finales de marzo- precisamente, considerando la Asamblea General como el mejor escaparate para la presentación del acuerdo. A dos días de la reunión anual, todo apunta a que no será así.
Este miércoles se celebra en Madrid la Asamblea General de la CEOE, que inaugurará el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, y será la última de Rosell, que dejará el cargo en el mes de noviembre. En su presencia, y la de los más de 800 representantes de las organizaciones territoriales, el vicepresidente de la patronal y responsable de su comisión de Presupuestos, Juan Pablo Lázaro, presentará las cuentas de la CEOE para este 2018 y dará cuenta del resultado obtenido el año pasado, cuando volvieron a números rojos al registrar pérdidas de 742.000 euros tras provisionar 12,9 millones para las multas que reclama el Ministerio de Empleo por irregularidades en unos cursos de formación impartidos por CEOE y Cepyme en el año 2010.
Para evitar la quiebra técnica, la patronal se ha asignado un dividendo de 12,3 millones de euros con cargo al Instituto Superior de Estudios Empresariales -cien por cien de su propiedad- para "curarse en salud", argumentan fuentes de la patronal, que confían en que ganarán el contencioso administrativo y finalemente la multa quedará "en nada".
El legado
Es el resultado que deja la gestión del último ejercicio completo de Juan Rosell. Durante sus ocho años como patrón, el catalán ha firmado dos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el de 2012-2014 y el de 2015-2017, y ha visto frustrados sus intentos de cerrar el incremento salarial para 2017, que quedaba pendiente en el último.
Los dos primeros los firmó, además de con el presidente de Cepyme -Jesús Terciado, en 2012 y Antonio Garamendi, en 2015- con los ya históricos Ignacio Fernández Toxo, por CCOO, y Cándido Méndez, por UGT. Después le tocó lidiar con los relevos en las cúpulas de ambas centrales sindicales y adaptarse a las exigencias de José María Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), que, crecidos por los logros en las negociaciones con el Gobierno en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de los sueldos de los empleados públicos, redoblaron su ofensiva en la negociación colectiva y exigieron un alza salarial del 3,1%. Además, los sindicatos reclamaron lo que son líneas rojas absolutas para la CEOE: por un lado, un salario mínimo en convenio de 1.000 euros mensuales y, por otro, la inclusión de cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución del IPC.
La cifra, de hecho, no es lo que está bloqueando la negociación. Fuentes al tanto de las reuniones que se mantienen estos días confirman que la subida recomendada estaría en el entorno de ese 3% y que se está valorando un acuerdo a tres años, por el que los sueldos en convenio acumularían un incremento de hasta el 9% de aquí a 2020. Está por ver.
Los motivos del escollo
Lo que está claro es que han sido causas ajenas a la negociación colectiva las que han bloqueado el AENC. Tras el fracaso de 2017, las negociaciones para 2018 empezaron en septiembre del año pasado y se vieron interrumpidas por la irrupción de la crisis catalana en octubre, que acaparó todas las atenciones políticas, sociales e institucionales.
Las conversaciones se retomaron en enero, una vez aprobado el fuerte incremento del SMI de hasta el 20% en tres años, y coincidiendo con el inicio de las movilizaciones por la subida de las pensiones del 0,25%. Los sindicatos salieron a la calle con los jubilados, y también con las mujeres el día 8 de marzo. Después vino el impulso del sueldo de los funcionarios de hasta el 8,8% hasta 2020 y, entre medias, nada se avanzó en la negociación colectiva.
Tampoco fueron meses tranquilos para la patronal. La cúpula de la CEOE quedó dividida ante lo que una facción consideró "tibieza" de Rosell en su posicionamiento sobre el desafío de los independentistas catalanes al Estado. Otros tampoco entendieron el apoyo a una subida "excesiva" del SMI, ni la mejora de la oferta de subida salarial en convenio hasta el entorno del 3%. Entre medias se coló un polémico contrato de colaboración que el presidente firmó con la fundación Faes de José María Aznar sin consultar a los órganos de gobierno de la CEOE y que finalmente fue congelado para calmar la tensión.
