Las empresas catalanas tienen desde la semana pasada un motivo más para urgir a la constitución de gobierno en Cataluña. Se trata del anuncio de Cristina Cifuentes de rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid, donde los contribuyentes ya pagan menos que en territorio catalán antes de esta reforma, que ahora inicia su trámite y debería entrar en vigor entre este año y 2019, según el tributo.
Tras el paso adelante de Madrid en la rebaja de la presión fiscal -que responde al programa electoral de Cifuentes-, los empresarios catalanes temen que Cataluña se vea perjudicada por el aumento de la brecha impositiva.
No se trata de un efecto directo para las empresas, ya que los impuestos afectados conciernen a los particulares: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, sí hay consecuencias económicas indirectas: por el aumento del consumo que favorece una rebaja de impuestos, y por la imagen para inversores y emprendedores que da el ser una comunidad autónoma con fiscalidad baja -como Madrid- o alta -como Cataluña-.
En declaraciones a elEconomista, el director del departamento de Economía de la patronal Foment del Treball, Salvador Guillermo, incide en la importancia de la imagen fiscal que se proyecta: "Las diferencias reales actuales no son tan sustanciales; en el IRPF en la mayoría de casos son de 200 o 300 euros al año por persona, pero Cataluña tiene imagen de comunidad que tiene impuestos más altos y que crea más impuestos, y los inversores y emprendedores ven esa imagen". Alerta de que ello puede deteriorar la capacidad de Cataluña de crear y atraer nuevas empresas, cuyos efectos no se ven a corto plazo pero sí sería muy contraproducente a largo plazo.
Guillermo ve una buena iniciativa seguir en Cataluña los pasos de Madrid, en línea con aprovechar la recuperación económica para que el incremento de recaudación sirva para "revertir" parte del aumento de la presión fiscal que se aplicó con la llegada de la crisis, así como para reformar un sistema fiscal que considera desfasado: "Hay impuestos que ya no se aplican en casi ningún país, como el de Patrimonio, y otros mejorables". Ejemplifica que, durante la crisis, muchas personas han renunciado a herencias de familiares porque no les salía a cuenta por lo que debían pagar por recibirlas, y critica que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados perjudica a quienes menos tienen, ya que, al comprar una vivienda, hay que pagarlo si se paga mediante una hipoteca, pero no si se adquiere el inmueble al contado.
Guillermo sostiene que es tan legítimo bajar impuestos como subirlos y, en este punto, el portavoz fiscal de Cecot, Enric Rius, recuerda que subir impuestos no significa directamente un aumento de la recaudación ni bajarlos una disminución. "Cualquier rebaja en cualquier lugar es positiva porque permite una mayor capacidad de consumo y por tanto es un elemento incentivador de la economía y por tanto de la recaudación".
Desde Pimec señalan que la decisión de la Comunidad de Madrid es "una buena noticia para los empresarios y los ciudadanos, y más en un contexto de recuperación económica". La patronal catalana de la pequeña y la mediana empresa lleva años alertando de las diferencias fiscales en las que Cataluña sale perjudicada en su atractivo y competitividad respecto a otros territorios del Estado. "Se lo hemos hecho saber a los gobiernos de la Generalitat, sobre todo durante las dos últimas legislaturas, coincidiendo con la salida de la crisis. Es necesario que se tomen medidas para acabar con esta disparidad", sostienen.
Y es que Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones con los tipos del IRPF más elevados, y también están en cabeza en el resto de los impuestos propios y cedidos, mientras que Madrid es la autonomía con los impuestos más bajos. Además, Cataluña es donde las rentas bajas tienen mayor carga fiscal, mientras que la Comunidad de Madrid mantiene la menor tributación en todos los tramos del IRPF, Patrimonio y Transmisiones.
Solo le supera en Sucesiones Andalucía con su última reforma de este tributo, según el informe del Consejo General de Economistas denominado Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018 publicado a finales de febrero. Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2017, publicado en octubre, Cataluña es la comunidad con peor competitividad fiscal después de Extremadura.
