Con un déficit cercano a los 19.000 millones de euros, el sistema de las pensiones está enfermo, pero no es un paciente terminal. Yace en la unidad de cuidados intensivos, a la espera de que los doctores Fátima Báñez y Mariano Rajoy den con la cura definitiva. Su actual debilidad exige una intervención urgente que parta de una reforma integral capaz de garantizar su sostenibilidad pero, a la espera de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, en los últimos meses el Gobierno ha ido poniendo tiritas en forma de anuncios de medidas que no han terminado de concretarse y que, por sí solas, difícilmente mejorarían el crítico estado de salud del sistema.
-Ayuda fiscal en el IRPF para los pensionistas de "edad avanzada". Es el último anuncio del Gobierno, en boca del ministro de Hacienda. El as en la manga de Cristóbal Montoro consiste en incluir en los Presupuestos de 2018, cuando se aprueben -si se aprueban- una ayuda fiscal en el IRPF para reconocer los "costes inherentes" cuando los jubilados alcanzan una "edad avanzada". Una medida que, en la práctica, tendría un impacto limitado, habida cuenta de que más del 60 por ciento de los jubilados no abona este tributo. Es más, según cálculos de CCOO, la ayuda solo beneficiaría al 10 por ciento del total de pensionistas.
-Aumento de la financiación del sistema mediante impuestos. La medida trae cola. Fue propuesta por el Ejecutivo ya en 2015 y llegó a incluirse una referencia genérica en la Ley de Presupuestos de 2016, pero nunca se concretó. El PP planteó en el Pacto de Toledo elevar los ingresos de la Seguridad Social "por la vía impositiva", de "forma coyuntural", por lo que el nuevo gravamen tendría carácter temporal, hasta que se revierta el déficit del sistema.
-Elevar las bases máximas de cotización hasta destoparlas ha rondado las cabezas de Rajoy y Báñez en varias ocasiones. Presidente y ministra las han subido en los últimos cinco años, hasta 3.751,2 euros, que se mantienen este 2018, pero no han llegado a destoparlas. Eliminar este límite a una masa salarial estimada en 30.000 millones de euros arrojaría una recaudación adicional de 8.600 millones, según CCOO.
-La mejora de la pensión de viudedad es la única medida efectivamente aprobada. Formaba parte de la reforma de pensiones de 2011 y el Gobierno de Rajoy ha mantenido suspendida su entrada en vigor durante seis años, hasta promover en diciembre de 2017 su regulación por la vía de urgencia para subir la base reguladora de la pensión de viudedad de las personas con 65 o más años con menores ingresos desde el 52 por ciento hasta el 60 por ciento.
-Equiparación de las bases de cotización del Régimen General y el de Autónomos. El Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones la conveniencia de esta medida que, además de mejorar las prestaciones de los autónomos, supondría un incremento de los ingresos del sistema de unos 7.000 millones de euros anuales, según cálculos de CCOO.
-Sustitución de tarifas planas y reducciones de cotizaciones por bonificaciones. Han sido varios los compromisos del Gobierno para aliviar a la Seguridad Social de la carga de 3.500 millones de euros que suponen estas políticas de empleo. Sin embargo, Rajoy no solo no ha cumplido con sus anuncios, sino que ha impulsado el incremento de la duración de las tarifas planas para autónomos sin que se haya previsto su sustitución por bonificaciones.
-Reducción de la edad de jubilación anticipada de policías. Los coeficientes reductores de la edad de jubilación anticipada de policías locales y autonómicas han sido anunciados con inminencia de la medida por los responsables ministeriales, pero el expediente, que se inició en el año 2014, sigue paralizado. El Real Decreto se aprobó en junio de 2017, pero desde UGT denuncian la "injustificada ralentización" del expediente.
-La ampliación del periodo de cálculo de la pensión es uno de los salvavidas para el sistema que ha generado mayor confusión por la falta de clarificación de Báñez en su planteamiento. La ministra propuso que, voluntariamente, los años para determinar la pensión de jubilación pudiesen ampliarse hasta 30. Pero esto tendría en cuenta sueldos de finales de los años 80, bastante inferiores a los actuales, por lo que, en este contexto de recorte del gasto, el Ejecutivo ofrece que los trabajadores puedan elegir lo mejor de su vida laboral, eliminando de dos a cinco años, para no ver mermada en exceso su pensión de jubilación.
-Que los jubilados activos puedan cobrar el 100 por cien de la pensión es uno de los incentivos que ha utilizado la titular de Empleo para que los trabajadores alarguen su vida laboral y sigan cotizando al sistema. Se trataría de una nueva vuelta de tuerca a la actual legislación, que permite simultanear el cobro del 50 por ciento de la pensión con el trabajo, siempre que las actividades se realicen a jornada parcial. La medida elevaría el gasto en pensiones, pero también los ingresos. Está sobre la mesa del Pacto de Toledo.
-La posibilidad de rescatar el dinero de los planes de pensiones a los diez años, sin esperar a la jubilación, fue avanzada por el propio presidente Rajoy y aprobada por el Consejo de Ministros hace apenas unas semanas. La medida, pensada para incentivar las aportaciones a planes privados de ahorro para la jubilación, beneficiará a las aportaciones realizadas antes de 2015, lo que permitirá su retirada voluntaria a partir del 1 de enero del año 2025.
