En medio de la gresca sobre las pensiones, con manifestaciones diarias en las calles y subida de tono en el Pacto de Toledo que se celebró ayer -se discutió de manera encendida sobre garantizar la suficiencia de las pensiones-, Mariano Rajoy anunció este jueves su intención de acudir al Congreso de los Diputados en diez o doce días y debatir en un tema monográfico de dónde sale el dinero de las pensiones, qué tenemos que hacer, qué proponen unos partidos y otros, y qué han hecho algunos hasta ahora.
Sin embargo, abrió una puerta: y es, que se mantenga el crecimiento económico para poder hacer más cosas, dijo en alusión a una subida de las pensiones, situación que podría coincidir, según indicadores económicos, con el logro de 20 millones de personas ocupadas previsto para mediados o finales de 2019 o principios de 2020. En cualquier caso, dos años de convocatorias electorales.
De momento, el presidente del Gobierno se mantiene en sus trece y no atiende a presiones. Quiere que las fuerzas políticas se retraten y confía en rectificar el rumbo de las encuestas y en recuperar a ese 40% de votantes del PP, que son pensionistas, y a los que los partidos hacen guiños estos días.
En su argumento, Rajoy dijo que todavía no tenemos recursos suficientes para subir las pensiones. "Las cuentas no dan", insiste, aunque a él también le gustaría subirlas. Asegura entender todas las reivindicaciones, pero esgrime una visión general de las cosas, y su obligación como presidente no es la de gastar el dinero que no tenemos, ni tampoco la de "cometer los errores que nos llevaron a la crisis", explicó en la entrevista concedida a El programa de Ana Rosa en Telecinco. Eso sí -añadió Rajoy-, "si mantenemos este ritmo económico pronto podremos hacer más cosas", situando ese escenario en el año en el que se consiga el nivel de 20 millones de personas ocupadas.
Resulta normal -razona el jefe del Ejecutivo- que cuando se empieza a superar la crisis la gente quiera más. A esa solicitud se han sumado, además de los pensionistas, los funcionarios -quienes han tenido congeladas sus nóminas cuatro años-, los usuarios de servicios públicos, o quienes quieren infraestructuras públicas. Las cosas -mantiene- se tienen que hacer poco a poco. "Hay que prepararse para el medio y el largo plazo", advierte el presidente a propósito de la subida de las pensiones, más aún cuando el gasto ha aumentado el 45% en la última década.
Las pensiones, refrescó Rajoy, constituyen el 40% del Presupuesto. Simplemente congelándolas, lo que no ha llegado a suceder, eleva el gasto a 3.700 millones al año, en un país con más de nueve millones de pensionistas.
Rajoy no quiere estropear el "buen camino económico" que ha emprendido España. Por eso no considera razonable que en estos momentos se planteen algunas soluciones para incrementar las pensiones, sin tener en cuenta que lo que importa es garantizarlas. En la crisis económica, rememora, se perdieron 3,5 millones de empleos y una recaudación de 70.000 millones de euros.
Propuesta, empleo y pacto
La propuesta del presidente del Gobierno, avanzó ayer, pasa por mantener el actual sistema de pensiones y seguir trabajando en el Pacto de Toledo. Un marco que, según fuentes del Ministerio de Empleo, podría estar a punto de cerrar un acuerdo en primavera, a pesar de la actual postura del PSOE.
El sistema de pensiones, evocan fuentes gubernamentales, ha soportado todos los años de la crisis económica, especialmente los peores, 2011 y 2012. Y lo cierto es que hasta ahora, en el seno del Pacto de Toledo no se han hecho proposiciones de ley para subir las pensiones. Solo se han hecho amagos.
Es más, algunos de los integrantes de dicho Pacto, que ahora cuestionan el modelo, votaron en su día a favor de congelar las pensiones con el expresidente Zapatero, y a favor de la ley de sostenibilidad, un desarrollo de las recomendaciones del Pacto en 2011, que quedaron plasmadas en 2013.
Rajoy es un firme defensor del crecimiento económico y del empleo como garante de las pensiones, y un ámbito propicio para subirlas, como insiste, se dará cuando se supere completamente la crisis económica. Pero por ahora, no parece que vaya a dar ningún paso antes sin respetar las recomendaciones que salgan del Pacto de Toledo aceptando unas medidas habladas, pactadas y negociadas, que de allí pasarán a la Mesa del Diálogo Social para después convertirse en leyes.
En consonancia con Rajoy, ayer, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó que "no hay mejor política, ni más efectiva a corto plazo para enfrentar el impacto del envejecimiento de la población y de su escaso crecimiento sobre las pensiones, que el estímulo del empleo y la mejora de la productividad total del sistema". Así lo señaló durante su intervención ante la Asociación Española de Directivos en Santa Cruz de Tenerife.
Destacó Linde que entre los retos "pendientes" en España se encuentra el envejecimiento poblacional y la compatibilidad entre la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones. E indicó que revertir las tendencias demográficas es muy difícil por diversas razones de índole cultural, sociológica y económica. En todo caso, apuntó que cualquier política en este sentido toma tiempo para producir efectos apreciables. Por ello, recomendó a más corto plazo enfrentar esta situación con crecimiento del empleo y productividad.
Preocupa 2019
Que Rajoy posponga al menos un año la posibilidad de elevar con más ímpetu las pensiones no resulta casual. Porque en 2019 debe entrar en vigor el temido Factor de Sostenibilidad, índice que se aprobó en 2013 para garantizar la suficiencia futura de las prestaciones y que puede provocar los primeros recortes de la historia en las pagas de quienes se jubilen desde entonces.
El Factor de Sostenibilidad pasa a tener en cuenta, de cara a calcular la primera pensión de quienes se incorporen al sistema de la Seguridad Social, la esperanza de vida de los retirados, sumándose a otros aspectos como los 21 últimos años de trayectoria laboral; o el número de años cotizados, entre otros.
El Ejecutivo aún no ha hecho pública la fórmula exacta con la que calculará las pensiones a partir del próximo año, y por ello es difícil aventurar el impacto exacto sobre quienes se vayan a jubilar desde enero. Pero el sector asegurador da por descontado que habrá recortes, aunque sean mínimos. Porque España, según todos los índices, es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, con las mujeres por encima de los 85 años y los hombres acercándose a esa barrera.
Por eso, y porque se descuenta un primer tijeretazo a las nóminas -en este punto debemos repetir que solo afectará a las nuevas altas y en ningún caso a los ya beneficiarios- es donde puede entenderse la intención de Moncloa de dar un golpe de efecto. Porque 2019 será, además, un año de grandes contiendas electorales, con las europeas, las municipales y las autonómicas en primavera. Y porque para entonces restará muy poco tiempo para el final de la legislatura y es de suponer que el PP no querrá concurrir a las generales enemistándose con quienes componen su principal granero de votos.
