La advertencia que realizaba el pasado mes de diciembre en elEconomista el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora, parece ahora una premonición. Entonces, la Administración de Donald Trump acababa de imponer aranceles a las empresas andaluzas que exportan aceitunas negras a EEUU acusándolas de competencia desleal por recibir ayudas públicas. Consulte más noticias en la revista gratuita elEconomista Andalucía.
Pero el representante español temía que esas nuevas tasas, que provisionalmente se establecieron en un 4,5% de media, fuera sólo el comienzo de una estrategia mayor amparada por el nuevo presidente norteamericano y su política proteccionista del America first -América primero-.
Efectivamente, apenas dos meses después, las peores sospechas se han confirmado y el Departamento de Comercio de EEUU ha aprobado nuevos aranceles a la aceituna de mesa negra de España, que son de aplicación inmediata y asciende al 17,13% de las importaciones, que se suman al arancel provisional medio del 4,47% y que tiene su origen en la investigación antidumping que viene realizando desde el pasado mes de julio de 2017 al conjunto del sector.
El nuevo tributo es la media ponderada de los aranceles impuestos a las tres empresas del sector que el Departamento de Comercio seleccionó como representativas del mismo. Estas empresas son Aceitunas Guadalquivir con un 16,8%; Agro Sevilla Aceitunas, 14,64%; y Ángel Camacho Alimentación, 19,73%.
Este nuevo arancel supone en la práctica un intento de echar del mercado norteamericano a las empresas españolas en el sector de la aceituna de mesa, que tras muchos años de trabajo han conseguido tener una cuota de mercado superior al 30%, lo que supone que una de cada tres de las consumidas en EEUU procede de nuestro país, especialmente de Andalucía, que produce el 80 % de la aceituna española. En concreto, la provincia de Sevilla es la principal productora mundial de aceitunas de mesa y la Sierra Sur sevillana es la líder en aceituna negra -56% del total nacional-. Sólo al país norteamericano exporta cada año unos 32 millones de kilos, con un valor estimado de 70 millones de euros.
Denuncia en California
La medida proteccionista anunciada este pasado mes es el resultado de la investigación que abrió en julio el Departamento de Comercio a instancias de los productores de aceituna californianos, agrupados en la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, que representa a los intereses de las empresas Bell-Carter Foods y Musco Family Olive.
"Estados Unidos valora sus relaciones con España, pero incluso los países amigos deben cumplir las reglas", afirmó entonces en un comunicado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien añadió que "seguiremos evaluando toda la información relacionada con esta decisión preliminar, antes de adoptar una decisión definitiva -se prevé para el próximo 4 de abril-, mientras defendemos a las empresas y trabajadores estadounidenses".
Los agentes de Aduanas estadounidenses recaudarán con depósitos en metálico el arancel a la aceituna española a partir de ahora. La investigación contra las aceitunas españolas es una de las 77 iniciadas por competencia desleal por el Gobierno de Donald Trump, que ha hecho del proteccionismo económico uno de sus pilares.
Visita de inspección
Los inspectores del Departamento de Comercio de los Estados Unidos iniciaron el pasado 5 de febrero en Bruselas una visita que durará varias semanas, con el objetivo de verificar que la documentación aportada por las administraciones y las empresas que participan en la investigación sobre la aceituna negra -Agro Sevilla, Aceitunas del Guadalquivir y Ángel Camacho- se adecua a la realidad. Los verificadores estadounidenses van a estar hasta mediados del mes de marzo examinando datos, ayudas y el funcionamiento de las aceituneras y productores. Van a analizar informes de hasta 150 empresas, cooperativas y agricultores.
Los hombres de negro estuvieron a principios de mes un par de días en Bruselas, acompañados por funcionarios de la Comisión Europea que se trasladaron posteriormente a Madrid y a Sevilla, para seguir el proceso de comprobación de la documentación, millones de documentos que se remontan a una década y que han sido facilitados tanto por la industria como por las administraciones.
En concreto, estuvieron también analizando documentos en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente antes de desplazarse a mediados de mes a la capital andaluza para reclamar más documentación a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y luego visitar la Sierra Sur.
Los representantes norteamericanos verificaron los datos facilitados por el Gobierno andaluz, un trabajo que finalizó satisfactoriamente con la certificación del 100% del muestreo aleatorio seleccionado por los investigadores, según anunció el propio consejero andaluz del ramo, Rodrigo Sánchez Haro, en una comparecencia realizada en el Parlamento autonómico.
Investigación arbitraria
El representante de la Junta subrayó que los resultados "han puesto de manifiesto la absoluta transparencia de Andalucía en contraste con la actitud opaca de la delegación norteamericana". Sánchez Haro lamentó la "situación de indefensión" que están provocando los técnicos del Gobierno norteamericano desplazados para la investigación y que 2han impuesto de forma unilateral cuestionarios arbitrarios y con plazos de respuesta difícilmente asumibles".
A modo de ejemplo, en los últimos seis meses, se han tenido que buscar 758 expedientes, recopilar documentación de miles de páginas, traducirlas al inglés y recabar, analizar, interpretar, explicar y argumentar líneas de ayudas y sistemas de apoyo de tres períodos de programación de la UE con unos plazos claramente insuficientes para remitir la documentación solicitada. Y es que según ha anunciado la Junta, los representantes del Gobierno norteamericano han exigido unilateralmente un período de estudio que han ampliado del año investigado inicialmente, 2016, hasta remotarse a 12 años atrás.
Mal precedente
La situación en estos momentos es de tensión tanto comercial como política e institucional en torno a este conflicto, que podría ser sólo la punta de lanza de otras medidas que EEUU puede intentar aplicar a otros productos españoles y europeos con la misma acusación que a las aceitunas negras: la competencia desleal debido a las ayudas públicas recibidas, que a su juicio están saltándose esas normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sin embargo, los productores y exportadores de aceitunas de mesa insisten en que se trata simplemente de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) que concede la Unión Europea a todo el sector.
Según Asemesa, para que las ayudas denunciadas por los productores californianos sean ilegales o recurribles tienen que ser ayudas específicas, tienen que vincularse al precio, o ser subvenciones a la exportación, etc. "Hay una serie de requisitos que no existen en nuestro caso, porque las ayudas que reciben las aceitunas son en general las que da la PAC a todos los agricultores. No son específicas por sectores, ni nada. Ellos, saltándose todo eso, argumentan que las ayudas que recibe la aceituna de mesa son las que hacen que la industria pueda ser competitiva y vender a unos precios desleales y por debajo de los precios de mercado", explica Antonio de Mora.
Los productores y exportadores andaluces ya han pedido ayuda no sólo a la Junta y al Gobierno español, sino a la propia UE para hacer frente a esta situación que les está causando ya un perjuicio millonario.
Como ejemplo basta decir que, al margen de los nuevos aranceles a pagar, el litigio judicial está ya teniendo un coste estimado de unos cinco millones de euros, que posiblemente se irá incrementando conforme crezca el conflicto. Y a ello hay que sumar la disminución de ventas provocada por esta situación. Según Asemesa, ya han empezado a perder algunos contratos con empresas a favor de otros países como Egipto, Turquía, Marruecos o Portugal, que son países competidores de España en ese mercado.
Pérdidas millonarias
España es el primer productor mundial de aceituna de mesa y líder en exportación, con unos 800 millones de euros facturados. De este sector dependen unas 13.000 explotaciones en esta Comunidad, más de 300 empresas, 8.000 empleos y 3 millones de jornales.
Las medidas adoptadas por la Administración Trump contra el sector andaluz podrían prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga -posibilidad que recoge la legislación norteamericana- y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.
En exportaciones, la aceituna negra hay años que representa un número mayor de ventas exteriores que la verde, con más del 51% del total. Pero en la producción nacional, la negra representa el 30% aproximadamente y la verde el 70%.
En el caso de la exportada a EEUU, unos 32 millones de kilos anuales, la mayor parte es aceituna negra laminada de la variedad hojiblanca, que toma el color negro en el proceso industrial. Esta variedad se concentra en zonas productoras andaluzas, especialmente en Estepa y en tierras de la Campiña sevillana de Arahal y Morón de la Frontera, así como en la localidad malagueña de Antequera.
La aceituna deshuesada y cortada en rodajas es el producto estrella de los exportadores andaluces a Estados Unidos. Este formato es el más consumido en el mercado americano, especialmente en la elaboración de sus populares pizzas, en ensaladas y en sándwiches.
