El Tribunal de Cuentas advirtió ayer de irregularidades en hasta siete de cada diez contratos inmobiliarios analizados en las diputaciones españolas durante los años 2014 y 2015. El organismo señaló que precisamente en un 70% de las operaciones, estas administraciones ni siquiera negociaron un precio de compra o arrendamiento, y se conformaron con los que fijaban, según el caso, la tasación o el propietario del inmueble, práctica que "hubiera resultado conveniente para conseguir un mejor precio". Por si fuera poco, la mitad de todas las operaciones analizadas quedaron, a ojos del Tribunal, sin una justificación adecuada y conforme a ley.
Así, el informe de fiscalización hecho público ayer refleja cómo la Diputación de Jaén adquirió un chalet por 4,2 millones de euros para albergar allí un museo artístico. Lo hizo sin adjuntar un informe de viabilidad económica, y ello pese a que la intervención de la propia diputación había alertado de que el pago constituía "una inversión no financieramente sostenible". Tanto es así que, en abril de 2016, el proyecto fue paralizado. Esa misma entidad, la Diputación de Jaén, también es señalada por el Tribunal de Cuentas por la adquisición indebidamente justificada de otros dos inmuebles por valor conjunto de 2,6 millones de euros.
Barcelona y Fuerteventura
El informe del Tribunal también pone el foco en adquisiciones poco idóneas por parte de las diputaciones de Barcelona y Fuerteventura, que compraron inmuebles sin negociar el precio. Pagaron lo que fijó la tasación, práctica que, a ojos del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, hubiera resultado necesaria "como requiere el principio de economía, que ha de regir la actuación del sector público".
Además, el texto recoge numerosos contratos de arrendamiento indebidamente justificados, y cita casos en las diputaciones de Valencia y la de Castellón, entre otras.
Por último, el informe detecta insuficiencia de personal en la gestión del inmobiliario en muchas de las administraciones; actualizaciones deficientes de los inventarios; saldos contables cuestionables; y explicaciones poco detalladas sobre el uso de numerosos inmuebles. Para abordar estas situaciones, el Tribunal de Cuentas reclama a las diputaciones un mayor control sobre su patrimonio, mejoras en la gestión y más transparencia.
Fuente de polémica
Las diputaciones son las administraciones encargadas de velar por la adecuada prestación de los servicios públicos básicos en las provincias y son especialmente relevantes para municipios de tamaño pequeño que carecen de algunos servicios propios. En ese sentido, llegan a aquellos lugares a los que las administración local y la autonómica no acceden y por ende se hacen imprescindibles. Sin embargo, su entramado es a menudo cuestionado y por no pocos expertos y partidos políticos.
A día de hoy, y según los datos más recientes, el coste de las diputaciones de régimen común (38 en total) asciende a 6.350 millones de euros. Sus ingresos se sitúan por encima de los 22.000 millones anuales, y ofrecen empleo a más de 62.000 personas en toda España. Partidos como el PP y el PSOE defienden a ultranza el mantenimiento de su estructura y hasta su refuerzo, mientras que otros como Ciudadanos reclaman un esfuerzo presupuestario extra y piden ajustes. Tanto es así que, en su momento, los naranjas llegaron a plantear al Gobierno un recorte de 1.000 millones en su presupuesto.