Uno de los puntos en los que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, hace más hincapié a la hora de desdeñar el pacto de Gobierno alcanzado por PSOE y Ciudadanos, es el que concierne a las diputaciones provinciales. Los socialistas y el partido naranja han reabierto el debate sobre la necesidad de suprimir estas instituciones, pero la discusión es ya antigua.
Hace años que las diputaciones plantean el problema de cuál es su razón de ser, como es inevitable que ocurra con sólo echar un vistazo a la Ley de Bases de Régimen Local. En este documento, se definen sus funciones en términos tan vagos como "coordinar los servicios municipales" o incluso "administrar los intereses peculiares de la provincia".
Descender a las cifras tampoco despeja las incógnitas, ya que existen cálculos oficiales que sitúan la inversión por habitante de estas instituciones en 84 euros, frente a los casi 300 atribuidos a los ayuntamientos. No está claro por tanto a qué se dedican las diputaciones, pero sí es patente que tienen mucha plantilla (62.000 personas de las que sólo 27.500 accedieron por oposición) y que salen muy caras.
De hecho, el plan de supresión de 38 de ellas (todas de régimen común) promovido por Ciudadanos y los socialistas supondría un ahorro de casi 5.000 millones cada año. Si a ello se suman los escándalos de corrupción que las han salpicado en los últimos años, resulta de todo punto injustificable la posición del PP, encabezada por el propio Rajoy, basada en una defensa a ultranza de estos organismos decimonónicos que ningunea completamente los argumentos anteriores. La propuesta de PSOE y C's de eliminarlos es razonable y no debe servir de coartada al PP para negar el apoyo al pacto entre esos dos partidos.
