El presidente Mariano Rajoy tiene un largo repertorio de asuntos por resolver de aquí a finales del mes de marzo, principios de abril, que convierten este corto espacio temporal en una nueva contrariedad, presidida todavía por la espinosa solución de alcanzar un Gobierno legal en Cataluña.
Tras esta cuestión, queda por zanjar los Presupuestos Generales del Estado -de tal modo que no corra el plazo y se solape con las negociaciones del techo de gasto de 2019, que tendrían que ser para el mes de julio-. Además, está el debate del Estado de la nación.
Las principales fuerzas de la oposición insisten en su convocatoria, excepto el Partido Socialista-. Para el mes de marzo está programada la convención nacional del PP en Andalucía, la elección de candidatos a alcaldías y comunidades, el análisis -ya veremos si con catarsis incluida-, sobre los resultados obtenidos el 21-D en Cataluña.
Y por último, en el caso de que el ministro Luis de Guindos se incorpore al comité ejecutivo del Banco Central Europeo como vicepresidente de la institución, también a final del invierno podría tener lugar un gabinete de crisis, que según las señales que envía Rajoy se puede quedar en un pequeño retoque, que apenas afecte al Ministerio de Economía.
El tapón catalán
Sin duda, la papeleta más complicada en un horizonte a corta distancia es qué va a pasar con la Generalitat de Cataluña. La amenaza de los soberanistas de tensar al Gobierno con la apuesta de un president telemático, como se obstina Carles Puigdemont, huido de la justicia española, es la tarea que más compromete y al mismo tiempo paraliza la acción del Ejecutivo español.
Moncloa parte de la tesis menos halagüeña. A estas alturas, no se fía de Puigdemont ni tampoco del nuevo presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. En este punto, examina que los partidos independentistas podrían saltarse el informe de los letrados del Parlament, tentando de partida con una candidatura telemática de Puigdemont, y recurrida ésta por el Gobierno ante el Constitucional, estirando el chicle hasta el tiempo límite, es decir, hasta el 31 de marzo, que es el tope que tienen los parlamentarios catalanes para elegir un president.
Si no, habría que disolver las cortes y convocar otras elecciones autonómicas. La mayor apuesta es que el desenlace se dé en el último cuarto de hora, como cuando CUP decidió apoyar el Govern de Carles Puigdemont, en lugar de Artur Mas.
Otro talante para las Cuentas
A priori, hasta que no se afloje el tapón catalán, el equipo de Rajoy no podrá desempolvar los Presupuestos Generales de 2018, aparcados desde otoño. Pero el talante del Gobierno es optimista en estos momentos. Asevera que tener Cuentas Públicas "es muy bueno y es lo más importante para los ciudadanos", en el modo en el que aporta confianza en España desde el exterior y mayor crecimiento económico y por tanto más empleo.
El Gobierno de Rajoy está concentrado hasta tal punto, que ya ha anunciado su intención de aparcar el debate del Estado de la Nación hasta la primavera. Antes quiere dar el impulso definitivo para sacar adelante las Cuentas, donde el PNV es el principal actor estratégico.
La semana pasada, Soraya Sáenz de Santamaría y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, hablaron por teléfono de transferencias y del desarrollo del Estatuto de Gernika, queriendo desligar la conversión de la negociación de los Presupuestos.
Lo cierto es que la toma de contacto entre los dos partidos hace presagiar un acuerdo en los próximos meses. Desde luego marzo, a lo sumo principios de abril, parecen los meses ideales para terminar con la obstrucción que el PNV puso a Rajoy en este punto con la aplicación del 155. Menos comprometido, y más lucido, el 7, 8 y 9 de marzo, Rajoy reúne en Valencia a todo el PP europeo.
