El Tribunal de Cuentas ha pedido que la Agencia Tributaria mejore los controles sobre los beneficios fiscales que existen en España y que cuente con más profesionales para poder resolver posible fraudes. Pero ¿cuánto deja de ingresar el Estado por el descontrol de las exenciones que da al sector privado?
En su último informe, el órgano fiscalizador ha indicado que durante 2015 el Estado concedió 353 beneficios en forma de deducciones o exenciones y solo 219 fueron cuantificados. Es decir, 134 ayudas fiscales, una tercera parte, estaban sin cuantificar al cierre del año.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas revela que la Agencia Tributaria sólo resuelve alrededor de la mitad de todos los "filtros" que se activan en un año para controlarlos. La otra mitad de estos filtros -alertas informáticas que se activan en declaraciones de contribuyentes que se aplican algunos de estos beneficios- queda pendiente de resolución de forma permanente.

"Por tanto, los Presupuestos no contienen, ni cuantifican, todas las figuras que reducen los ingresos tributarios, por lo que el Tribunal concluye que no cumplen su finalidad de reflejar, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la disminución de la capacidad recaudatoria que se produce como consecuencia de la existencia de tales beneficios fiscales", lamenta el Tribunal.
¿Cuánto dejan de ingresar las arcas públicas? A raíz de estas cifras, la institución de control ha calculado que los beneficios fiscales redujeron los ingresos sólo en 2015 en 40.719 millones de euros: 15.216 millones en el concepto del IRPF, 18.383 millones en el IVA, 13.949 millones de Sociedades y 3.168 de otros tributos. Estas cantidades han supuesto una pérdida de ingresos tributarios para el Estado del 26%. España cerró 2015 con un déficit de 56.000 millones de euros.

"Los beneficios fiscales suponen una merma importante de los ingresos públicos y están orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social", lamenta el organismo. Además del agujero, la institución de control también critica el 'antojo' con el que se dan los beneficios fiscales, ya que la Agencia Tributaria no establece una duración temporal ni un periodo para la consecución de los objetivos.
El Tribunal de Cuentas denuncia que no se elaboran estudios que permitan saber si las actuaciones públicas de gasto fiscal, a través de los mismos, son la forma más eficiente de conseguir los objetivos de política social o económica que persiguen.
El órgano concluye que la ausencia de sistemas de evaluación de estos aspectos impide los análisis de eficiencia de las actuaciones realizadas con los beneficios fiscales. La creación de beneficios fiscales, determina, no se encuentra precedida de estudios sobre los objetivos que se espera lograr con ellos, ni se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos a través de dichos incentivos.
Por tanto, la institución recomienda a la Agencia Tributaria que establezca criterios uniformes para la selección de las declaraciones a comprobar, mejore la cifra de filtros resueltos en el control de los beneficios fiscales y mejore la herramienta informática empleada para su resolución. "Se recomienda, también, que inste a los órganos oportunos para que se lleve a cabo un incremento de su personal", subrayan. También reitera la necesidad de elaborar un concepto legal de beneficio fiscal y de acompañarlos de los objetivos de política social o económica que pretenden seguir.
Entidades sin ánimo de lucro e Iglesia, en el foco
En uno de los puntos del informe, el órgano fiscalizador hace especial incidencia en las entidades sin ánimo de lucro, religiosas o de interés pública para las que pide mejorar el control de quienes disfrutan de su régimen fiscal.
"Un número relevante de entidades que aplicaron este régimen fiscal y otras que figuraban censadas como entidades sin fines de lucro, no reunían los requisitos relativos a la forma jurídica exigida por la norma", señala el informe. Junto a esto, también recomienda mejorar el control sobre la exención en el IRPF por premios.
"Para el control de la exención relativa a los premios literarios, artísticos o científicos relevantes en el IRPF, Hacienda no disponía de una relación actualizada de los premios exentos en el ejercicio fiscalizado y existían deficiencias en las comunicaciones de los premios que se habían dejado de convocar o habían sido declarados desiertos", aseguró la institucion.
El definitiva, el Tribunal recomienda a la Dirección General de Tributos que anualmente elabore un documento de ejecución "que muestre las cantidades presupuestadas y las reales de los diferentes incentivos y que analice las desviaciones producidas y sus causas"