El Ministerio de Fomento no podrá cumplir íntegramente el calendario que había previsto en el plan de rescate de las autopistas de peaje en quiebra. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) preveía asumir la gestión de ocho carreteras durante el mes de enero y una novena, la AP-41 Madrid-Toledo, en abril. Sin embargo, la dilatación de algunos procesos judiciales lo hará imposible. Es el caso de las radiales 3 y 5, cuya liquidación no se espera que sea aprobada hasta finales de marzo, lo que demorará al segundo trimestre la reversión de estas dos vías al Estado, según informan fuentes jurídicas conocedoras de la situación.
El plan de Fomento era asumir la gestión de las nueve autopistas en el primer cuatrimestre para a continuación sacarlas de nuevo al mercado en lotes -se presume que en uno o dos-. El objetivo es cerrar la relicitación, por la que podría obtener, según cálculos preliminares, entre 800 y 1.000 millones de euros, antes de que finalice 2018. Con ello, el Estado compensaría este mismo año el coste de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), cuyas estimaciones oscilan entre los 1.500 y los 4.500 millones, y amortiguaría así el impacto sobre el déficit público. Un objetivo, este último, que ahora está en riesgo por el retraso en la reversión de algunas autopistas, toda vez que podría demorar su privatización y, por tanto, la obtención de los citados fondos, según las fuentes consultadas.
Fomento ya está listo para ir tomando el control de explotación de las distintas carreteras. La liquidación de algunas de ellas, como la R-4 Madrid-Ocaña, ya ha recibido la aprobación judicial. Otras, como la R-3 Madrid-Arganda del Rey y la R-5 Madrid-Navalcarnero no han avanzado a igual ritmo. La administración concursal de la concesionaria de estas dos autopistas, Accesos de Madrid (Abertis, Sacyr, ACS y Bankia) ha presentado el plan de liquidación, que se encuentra admitido por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid y en trámite de alegaciones por los acreedores, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
Tras este periodo, habrá un corto trámite de alegaciones para la administración concursal y su aprobación judicial se espera para finales del primer trimestre, por lo que la eventual reversión al Estado de la explotación de dichas infraestructuras se produciría en el segundo trimestre.
El Mercantil 6 tramita, además del proceso de Accesos de Madrid, los de Ciralsa (Circunvalación de Alicante) y Aucosta (Cartagena-Vera). En estos casos, "los acreedores rechazaron de modo abrumador el convenio propuesto", pero en Accesos de Madrid "una parte relevante de los acreedores se mostró favorable" al convenio, "lo que llevó a distintos acreedores privilegiados a renunciar dentro del concurso a sus garantías". Esto bloqueó la aprobación del convenio y demoró la apertura de la fase de liquidación varios meses con respecto a Ciralsa y Aucosta, cuyos expedientes ya se hallan en la mesa del magistrado Javier Vaquer para su resolución.
Los procesos de la AP-36 Ocaña-La Roda, la R-2 Madrid-Guadalajara y la M-12 Eje Aeropuerto están igualmente muy avanzados.
1.000 millones de euros
El Estado espera obtener por la relicitación de las autopistas quebradas entre 800 y 1.000 millones de euros, según los cálculos preliminares. Fomento ha contratado a Typsa para elaborar el estudio de tráfico y a LRA Infrastructure Consulting para desarrollar el pliego. El contrato de la 'due diligence' quedó vacante por su bajo presupuesto. El plan de Fomento contemplaba sacar el (o los concursos de relicitación) antes de verano.