Rodrigo Rato niega el delito fiscal, pero admite haber dejado sin declarar ante la Agencia Tributaria un total de 85.000 euros entre 2009 y 2014. El exvicepresidente del Gobierno y antiguo presidente de Bankia ha presentado un informe pericial ante el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que le investiga por un presunto fraude a la Hacienda pública y blanqueo de capitales, en el que aporta datos sobre sus cuentas y justificantes bancarios durante ese periodo, que desmentirían la versión del fisco.
La Oficina Nacional Antifraude (Onif) había apuntado en otro informe previo ante el juez que Rodrigo Rato habría cometido un delito fiscal de 8 millones de euros, pero eso es algo que, según fuentes próximas a la defensa del exbanquero, es erróneo, de acuerdo con la trazabilidad de las cuentas.
Estas fuentes apuntan, asimismo, que de los 85.000 euros que se habrían dejado sin declarar, hay 63.000 euros correspondientes al ejercicio 2013, que Rato no ha logrado identificar, por lo que, en realidad, el posible fraude ascendería a una cantidad de únicamente 22.000 euros en un periodo de cinco años. El expresidente de Bankia trata así de demostrar ante el juzgado que lo que únicamente se ha producido es un error en sus declaraciones fiscales y que, en ningún caso, ha habido, por lo tanto, delito alguno.
Pese a su defensa, el pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Madrid ordenó ya reabrir las investigaciones contra Rato por presunto blanqueo de dinero, al considerar que hay indicios de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero, cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública".
Reapertura
Los magistrados estimaron así parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento, el pasado 24 de mayo, de esta pieza separada, al entender que hay suficientes pruebas de que Rato habría empleado sociedades domiciliadas en el extranjero, como Vivaway, con domicilio fiscal en Gibraltar, utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al fisco".
Aunque ve indicios de blanqueo, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó, en cambio, la reapertura de la investigación relativa al cohecho, ya que, según los jueces, la influencia que pudiera haber tenido Rato en el nombramiento de presidentes de sociedades privatizadas estuvo "dentro de la norma", en tanto que "no era el único del que dependía" la decisión. La Sala apuntó así que no se puede afirmar que estos nombramientos "tuvieran como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia a través del cobro de comisiones o sobreprecios".
Desde que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, con el juez Antonio Serrano-Arnal a la cabeza, comenzara la instrucción sobre la investigación del patrimonio de Rodrigo Rato en abril de 2015, y con la detención de dos de sus presuntos testaferros, el exvicepresidente del Gobierno inició el desmantelamiento de su entramado societario.
Rato ha abandonado la gestión de dos de las empresas claves de su entramado internacional, la británica Vivaway y la alemana Bagerpleta. De un lado, el que fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, ha dejado languidecer su firma Vivaway -clave en el blanqueo de capitales- hasta que, ante la falta de información contable tras los requerimientos por parte registro mercantil británico, ha sido disuelta. De otro lado, el exbanquero, también abandonó este 2017 cualquier cargo en la gestión de Bagerpleta (firma que tiene un hotel en Berlín), aunque sin embargo continúa siendo accionista de la misma.
Respecto a las empresas que Rato tiene en España, todas ellas domiciliadas ya en su residencia de Madrid o en su despacho, el expresidente de Bankia ha dejado sin actividad dos de ellas, mientras que del resto de firmas mantiene actualizadas las cuentas: cuatro de ellas con unas ganancias de 390.700 euros, y una, con unas pérdidas de 185.200 euros.
El exvicepresidente del Gobierno, ya poco acostumbrado a dejarse ver desde su detención en abril de 2015, más allá del tránsito a los juzgados españoles, volverá a aparecer públicamente el próximo 9 de enero en el Congreso de los Diputados. Rato asistirá a la comisión que investiga la crisis financiera a petición de los distintos grupos parlamentarios. Allí no sólo tendrá que explicar su visión como ministro de Economía y vicepresidente sobre la burbuja inmobilaria, su gestión al frente de la entidad rescatada y su papel en la salida a bolsa de la misma, sino enfrentarse también a la batería de preguntas que le tienen preparadas los distintos representantes políticos.
Ante más de 9 años de cárcel por las black
Rodrigo Rato, en libertad provisional desde que la Audiencia Nacional le condenara el pasado mes de febrero por el caso de las 'tarjetas black', se enfrenta a un total de nueve años y medio de prisión. De un lado, el exvicepresidente ya tiene una condena de cuatro años y medio de prisión por las visas opacas, aunque de momento esta sentencia la mantiene recurrida ante el Tribunal Supremo, motivo por el que no ha entrado en la cárcel. Además, la Fiscalía Anticorrupción pide otros cinco años de prisión para el exbanquero por el caso de la salida a bolsa de Bankia.
El juez Fernando Andreu, que instruye la causa ya ha dictado la apertura de juicio oral, cuya fecha se conocerá a inicios de este año. Rato basa su defensa en este caso en que su actuación en el banco estuvo en todo momento supervisada por el Banco de España y la CNMV y se plegó a los requerimientos de los mismos. Por el momento no hay petición de pena sobre el exvicepresidente en la causa que investiga su patrimonio personal.
