El Consejo de Ministros eleva el mínimo exento a becarios y tickets-restaurante antes de bajar el impuesto a trabajadores que cobren menos de 17.500 euros.
El Consejo de Ministros lanzó oficialmente ayer la tercera rebaja de IRPF del Gobierno en apenas cuatro años. Si bien en esta ocasión se trata de modificaciones mucho más tímidas que las bajadas del impuesto acometidas en 2014 y 2015, lo cierto es que afectarán a un nutrido colectivo de beneficiarios entre becarios y trabajadores. Ayer mismo se elevaron los mínimos exentos de las becas concedidas por el sector público y de los tickets-restaurante que las empresas conceden a sus trabajadores, guiños que sirven de antesala de la futura rebaja del tributo que, por el pacto presupuestario del Ejecutivo con Ciudadanos, afectará a las rentas inferiores a 17.500 euros una vez el Congreso de los Diputados apruebe las Cuentas Públicas del 2018.
Respecto a las becas públicas y a las concecidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cursar estudios, la actual dotación económica exenta, de 3.000 euros, se dobla a 6.000 euros anuales, e incluso a los 18.000 si esa beca tiene por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios. Es más: quienes estén cursando esos estudios en el extranjero podrían no tener que abonar el IRPF incluso si perciben 21.000 euros al año.
Respecto a los cheques restaurante, y por orden del Ministerio de Hacienda, se eleva de 9 a 11 euros la cuantía diaria exenta del pago del impuesto. En el fondo, lo que busca el gabinete del ministro Cristóbal Montoro es adaptarse a la realidad del encarecimiento de los precios de la restauración. Todo ello sin perjudicar a las empresas y a los propios trabajadores.
Al margen, el Consejo de Ministros dio ayer también salida a otras modificaciones menores por el número de futuros beneficiarios, pero no por ello menos relevantes que las anteriores. Entre ellas está la de facilitar la aplicación del mínimo por descendientes a quienes tengan atribuida por resolución judicial la guarda y custodia de los menores. De esta manera, señaló Hacienda en un comunicado, "se da respuesta a múltiples situaciones en que, por violencia de género o cualquier otro motivo, un juez atribuye la guarda y custodia de un menor a un tercero".
Por último, y en el capítulo de las nuevas exenciones, Moncloa da vía libre a que queden incluidos como gastos de formación aquellos financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador, "siempre que dichas empresas o entidades comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador".
En pocos meses, más rebajas
Los anuncios del Consejo de Ministros son la antesala de la rebaja del IRPF que incorpora el acuerdo presupuestario que alcanzaron en verano el PP y Ciudadanos para aprobar los Presupuestos de 2018. El Gobierno es consciente de que, para aprobar los Presupuestos, necesita los 32 votos de los diputados del partido de Albert Rivera, y si bien en un primer momento se mostró remiso a ceder en este capítulo por la necesidad de reducir el déficit -cuando España se encuentra en los albores del cierre del procedimiento de Bruselas por desvío presupuestario excesivo-, no le ha quedado más remedio que ceder.
La medida estrella del acuerdo presupuestario de Mariano Rajoy y el propio Rivera es la subida del mínimo exento del impuesto de la renta de 12.000 a 14.000 euros -que se estima que afectará a 3,5 millones de familias-. Asimismo, se contemplan un menor gravamen para las rentas entre 14.000 y 17.500 euros, y devoluciones para las familias con ancianos y discapacitados a cargo de 1.200 euros anuales.
"Hemos conseguido un giro en la política fiscal del Gobierno; 2018 será el año del alivio fiscal", presumía ayer mismo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que subrayó que su apoyo a las Cuentas Públicas depende de que el Ejecutivo respete el principio de acuerdo suscrito con su formación. El pacto también incluye otras medidas como la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las polícias autonómicas -aspecto en el que el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mostró su compromiso hace sólo unos días-; el incremento en la duración de los permisos de paternidad; y la creación de un cheque guardería para ayudar a las familias con hijos a cargo de entre 0 y 3 años.
Para esas rebajas de impuestos serán necesarios, por aritmética parlamentaria, los apoyos de los cinco diputados del PNV, remisos hasta ahora a apoyar los Presupuestos por el conflicto con Cataluña; y los de los diputados de Nueva Canarias y Coalición Canaria, Pedro Quevedo y Ana Oramas.
Coste de 2.000 millones
El coste de la rebaja de IRPF a las rentas inferiores de 18.000 euros ascenderá, según explicaron desde Ciudadanos cuando se rubricó el acuerdo presupuestario, a 2.000 millones de euros. Se sitúa muy por debajo de los 9.000 millones de bajada del tributo en los años 2014 y 2015, poco antes de las elecciones generales.
En principio, el cumplimiento del déficit -a una décima de bajar del 3 por ciento exigido por Bruselas- facilitaría que Hacienda lance la medida en Presupuestos sin tener que aprobar nuevos ajustes. Se da por descontado que el crecimiento económico esperado -del 2,3 por ciento, pero posiblemente superior si la situación con Cataluña se tranquiliza- permitirá incrementar la recaudación y sufragar todos estos compromisos.
Partiremos, además, de una situación bastante positiva: el informe de recaudación tributaria relativo al mes de noviembre arroja una subida de ingresos del 6,4 por ciento este año, lo que permitirá que el fisco recaude cerca de 200.000 millones. Es posible, por tanto, que el próximo año la Agencia Tributaria bata el récord histórico de recaudación y supere los 200.200 millones que se captaron en el año 2007, el último de la burbuja inmobiliaria.
