Para las organizaciones sindicales, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada con el Gobierno, que implica un incremento del 20 por ciento, hasta alcanzar los 850 euros mensuales en 2020, supone un "acicate" para "redoblar el esfuerzo en la negociación colectiva". Según ha podido saber este periódico, CCOO y UGT trabajan a contrarreloj para cerrar "en breve" una nueva propuesta de aumento salarial que sirva de orientación para los convenios el próximo año y que elimina los topes mínimo y máximo que contemplaba su anterior oferta, que se movía en una percha de entre el 1,8 y el 3 por ciento.
Ahora, de cara al nuevo Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), los sindicatos rechazan poner límites a la subida salarial, tanto por arriba como por debajo, y plantean que el aumento de los sueldos se calcule en función de tres factores: la evolución de la productividad, el incremento previsto de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.
En este nuevo planteamiento, según las fuentes consultadas, CCOO y UGT incluirán además la propuesta de que los convenios colectivos recojan salarios mínimos garantizados de 1.000 euros mensuales, cifra equivalente al 60 por ciento del salario medio neto de España, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea que España tiene ratificada.
La ofensiva sindical para redoblar las presiones en pos de mayores subidas salariales no es baladí, y viene impulsada desde el propio Gobierno. Varios ministros empezaron a lanzar el mensaje ya en primavera: ha llegado la hora de que la recuperación económica se refleje en los bolsillos de los ciudadanos. Entre ellos, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha sido una de las más comprometidas en esta causa. Según explican desde el entorno de la ministra, una de sus fijaciones en los últimos meses ha sido presionar a los agentes sociales, tras el fracaso de las negociaciones el pasado mes de julio, cuando no lograron cerrar un acuerdo para 2017.
En aquel momento, los empresarios seguían apostando por la contención salarial para apuntalar la creación de empleo y mantenían su oferta de subida de sueldos en una horquilla de entre el 1,2 por ciento y el 2 por ciento, más medio punto adicional ligado a la productividad, y en función de las características particulares de cada empresa o sector. Las cifras no cubrían las expectativas de los sindicatos y las negociaciones se rompieron en pleno verano, dejando por delante un año sin pacto salarial.
Ahora, CEOE y Cepyme estarían dispuestas a mejorar el techo de su oferta en la parte variable, "hasta un 0,8 por ciento o un 0,9 por ciento", según afirman fuentes cercanas a las conversaciones que mantienen estos días en el seno de la patronal, lo que dejaría el alza en el entorno del 3 por ciento que, hasta ahora, pedían los sindicatos.
Presión a los agentes sociales
Las posturas entre los agentes sociales parecían acercarse, pero el impulso anunciado por el Ejecutivo para el salario mínimo en los próximos años, que parte de una subida del 4 por ciento en 2018, hasta los 736 euros mensuales en 14 pagas, inevitablemente, ha entrado de lleno en la negociación colectiva.
Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) se lo adjudican como un "éxito de los trabajadores y de la acción sindical", mientras el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pese a considerar que se trata de un incremento "razonable", desliga el alza acordada para el SMI de la negociación colectiva: "No tiene nada que ver", aseguró esta semana.
Desde el Ministerio de Empleo aclaran que, precisamete, la disposición del Real Decreto por el que se fija el SMI para 2018 que desvincula la subida de los convenios que tengan como referencia el salario mínimo, siendo de aplicación la cuantía de 2016 (655 euros mensuales), lo que pretende es "no distorsionar la negociación colectiva".
Sin embargo, las declaraciones de Báñez en los últimos días van claramente en la línea de impulsar el AENC para los próximos años. Sin ir más lejos, tras la firma del acuerdo, la ministra aseveró que el "gran objetivo" de los interlocutores sociales es "favorecer una recuperación integradora, con más y mejores empleos, lo que significa también mejores salarios".
Las palabras de la ministra fueron recogidas por los sindicatos como "un buen punto de partida" para incrementar los salarios en los convenios. Por ello, en estos días plantearán una propuesta "importante y ofensiva", que pasa por eliminar suelo y techo respecto a la anterior, pero también por tratar otras cuestiones más allá de la subida de sueldos, relacionadas con el absentismo, las mutuas, y la controvertida cláusula de revisión salarial ligada a la inflación que torpedeó el acuerdo para este año.
La productividad, clave
En este contexto, parece complicado que la patronal esté dispuesta a recomendar subidas de sueldos sin límites, si bien comparte con los sindicatos la necesidad de ligar las alzas a factores como la evolución de los precios, la situación particular de cada empresa y sector y una cuestión clave: la productividad
En este último punto, los expertos coinciden en que incrementos de salarios sin mejoras de la productividad provocan el efecto contrario al deseado, expulsando del mercado laboral a los colectivos más vulnerables (jóvenes, mujeres, extranjeros y, en general, empleados poco cualificados), aumentando la temporalidad y el empleo a tiempo parcial, como defiende el Instituto de Estudios Económicos.
También lo cree así el economista de Fedea Marcel Jansen, quien hace hincapié en la necesidad de "salvaguardar a toda costa las ganancias de competitividad" y advierte de que "subidas salariales demasiado elevadas ponen en peligro la creación de empleo".
Asimismo, es la opinión de Javier Santacruz, para quien la subida del SMI del 20 por ciento en tres años es "un disparate". Este economista avisa de que elevar el sueldo mínimo sin aumentar la productividad provoca "subempleo" y frena decisiones de contratación.
