
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% para 2018, hasta los 736 euros en 14 pagas mensuales, tiene letra pequeña. El proyecto de Real Decreto que prevé aprobar el último Consejo de Ministros del año, el día 29, recoge algunas excepciones que limitan su impacto: el incremento no se aplicará en los convenios vigentes en los que se utilice el SMI para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de los complementos salariales, tampoco se tendrá en cuenta en los contratos y pactos privados en los que se use este indicador como referencia, ni en las normas autonómicas y locales a las que sirva de guía para calcular la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a ciertas ayudas o servicios públicos.
En estos supuestos, se seguirá usando como referencia el salario mínimo de 2016, el que fijaba el Real Decreto de 29 de diciembre de 2015 (655 euros al mes). Esto es así porque ya el año pasado el Ejecutivo incluyó varias disposiciones inusuales en las normas que regulan el SMI por el "carácter excepcional del incremento", que fue del 8%, el mayor en tres décadas.
En consecuencia, el alza del SMI tendrá un impacto menos sentido de lo que hubiera sido sin estas limitaciones, habida cuenta de que al subir su cuantía, más personas podrían haber accedido a prestaciones que toman como referencia el salario mínimo, con el consiguiente incremento del gasto, y los convenios podrían haber trasladado el incremento a subidas salariales generalizadas del 4%, que sumarían el 8% de este año.
El Gobierno ha lanzado un claro mensaje con su planteamiento de impulsar el SMI un 20% en tres años, hasta alcanzar los 850 euros en 2020: ha llegado la hora de reflejar la recuperación económica en los bolsillos de los ciudadanos. En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ya tiene el apoyo del PSOE, pidió ayer al resto de grupos parlamentarios que suscriban este "acuerdo de país", "positivo y responsable", para que las personas que tienen salarios más bajos vean "con esperanza que la recuperación llega a todos".
Impacto limitado
Sin embargo, Mariano Rajoy ha capado la subida en los convenios para evitar que las remuneraciones crezcan de manera generalizada por encima de la inflación prevista, en el entorno del 2%.
Si bien no está claro que incrementos del SMI produzcan un efecto arrastre directo sobre el resto de salarios. Sin ir más lejos, en lo que va de año los salarios fijados en convenio han crecido un 1,4%, muy lejos del 8% que subió el SMI para este ejercicio.
No hay que olvidar que la subida del salario mínimo influye en la cuantía de las nóminas que cotizan a la Seguridad Social, pero el impacto de subir el sueldo un 4% a unos 534.000 trabajadores (los que cobran el SMI, apenas el 3,5% de los afiliados) se traduce en un incremento anual de los ingresos por cotizaciones de 33,2 millones de euros, una cantidad nimia que poco puede apuntalar un sistema que cerrará el año con un déficit de 17.000 millones de euros.
El impacto también se estima neutro en cuanto a creación de empleo. Sirva de ejemplo que a pesar de la fuerte subida del SMI, este año cerrará con 600.000 nuevos ocupados. Pero, más allá de las cifras, lo que critican los expertos es que elevar el salario mínimo afecta a la calidad del empleo generado. Así, desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierten de que "el aumento del coste salarial mínimo puede incrementar la proporción de contratos temporales, reducir la duración de la jornada o pasar empleo a la economía sumergida".
Una advertencia a la que se suma el economista Javier Santacruz, para quien la subida del 20% en tres años es un "disparate". A su juicio, "lo que se gastarán de más los empresarios en un pequeño colectivo con gran riesgo de despido, se lo dejarán de gastar en un número mayor de trabajadores". Además, Santacruz avisa de que el alza del sueldo mínimo sin aumentos de la productividad provoca "subempleo" y frena decisiones de contratación.