Al Gobierno le quedan deberes pendientes antes de que acabe el año. Por un lado, aprobar la subida de las pensiones para el próximo ejercicio -por descontado, del 0,25%- y, por otro, dar luz verde al Real Decreto que fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2018.
En este último punto, según ha avanzado el presidente Mariano Rajoy, la propuesta a los agentes sociales consiste en un incremento gradual, que parte del 4% en 2018 y se sucede de "subidas importantes para 2019 y 2020". Un impulso visto con buenos ojos por la patronal, que en privado reconoce que ha llegado el momento de plantear "subidas valientes"del SMI, si bien advierte de los riesgos que un aumento excesivo de los costes laborales puede suponer para la creación de empleo.
Uno de los objetivos enunciados este año por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha sido lograr una subida de los sueldos que todavía no se ha consumado -las rentas salariales mantienen su baja participación en el PIB-, a pesar de la buena marcha general de la economía.
El propio jefe del Ejecutivo se ha posicionado a favor de que los salarios sean "más elevados", pero de él sólo depende la cuantía del SMI, que se aprueba por Real Decreto. Por ello, el presidente se ha propuesto que ese aumento del 4%, que dejaría el SMI en 735,9 euros mensuales en 2018, sirva para enviar un mensaje a empresarios y sindicatos de cara a su recomendación de alza salarial en la negociación colectiva.
Pero a pesar de que la CEOE ve adecuado el planteamiento del Gobierno, rechaza que el impulso al SMI "contamine" la negociación que mantienen con los sindicatos para acordar una recomendación de subida salarial para el año que viene. Recordemos que los agentes sociales no lograron cerrar un acuerdo para 2017, tras la ruptura de las conversaciones en el mes de julio, en un momento en que los empresarios seguían apostando por la contención salarial para mantener el ritmo de creación de empleo. Ahora la patronal está dispuesta a mejorar el techo de su oferta de subida salarial a CCOO y UGT, desde el 2,5% previamente planteado hasta una tasa cercana al 3% que piden los sindicatos.
Las reuniones entre ambas partes se sucederán a lo largo de estos días, pero habrá que esperar hasta el mes de enero para conocer la recomendación oficial de la patronal. De momento, los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, se reúnen este martes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para analizar con la ministra de Empleo la subida del SMI.
La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, afirmó el lunes que además de la subida del 4% para 2018, la propuesta del Gobierno incluye un aumento del 6% en 2019 y del 10% en 2020, lo que supondría un crecimiento de más del 20% en tres años y situaría el SMI en 860 euros mensuales al final del periodo, todavía muy por debajo de los principales países europeos.
División en la patronal
Fuentes del ministerio de Empleo no confirman las cifras más allá de 2018, pero sí trasladan que la intención del Gobierno es lograr un pacto a tres años con los agentes sociales y el PSOE. Un acuerdo plurianual que contaría con el apoyo de la patronal, pese a que en el seno de la organización existen posiciones encontradas al respecto, no tanto por no estar de acuerdo en la necesidad de subir los salarios, sino por el riesgo que el incremento de los costes laborales supone para la creación de empleo.
Una de las voces críticas es la del presidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro, quien considera que los costes laborales ya son "muy elevados" y cualquier subida salarial debe ir acompañada de otras medidas que favorezcan la productividad de las empresas, porque "muchas pymes aún están en números rojos".
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de la CEOE, advirtió el lunes de que, en etapas expansivas de la economía, como la actual, las subidas del SMI se traducen en aumentos de la temporalidad y de los contratos a tiempo parcial, dado que si se superan los umbrales de productividad de una parte de la población se sobrepasa el presupuesto de la empresa para poder asumir el incremento salarial.
El doble impacto de subir un sueldo
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es el sueldo mínimo bruto que un trabajador puede cobrar en España por ley, independientemente de la edad, el sexo o de si su contrato es temporal o indefinido. Este año 2017, tras una subida del 8% -la mayor en tres décadas-, se ha situado en 707,6 euros.
Desde la patronal explican que el SMI afecta a un colectivo pequeño de trabajadores, concretamente a 150.000 personas, pero además de la retribución, afecta a las bases de cotización a la Seguridad Social y es referencia para referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales en algunos convenios colectivos, así como en trabajadores eventuales y empleados del hogar. En este contexto, las subidas del SMI aumentan los costes laborales, como critica parte de la patronal, pero también reducen el fraude laboral, activan la demanda interna e incrementan las cotizaciones sociales.
