El Gobierno admitió ayer, a causa del retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que necesitará de un nuevo préstamo para pagar las pensiones de 2018. La cuantía, si no hay reformas en el seno del Pacto de Toledo, ascenderá a unos 18.000 millones de euros según cálculos de este periódico, cantidad equivalente al abono de las dos pagas extraordinarias de junio y septiembre de los más de 9,5 millones de pensiones que a día de hoy dependen del sistema.
Las necesidades financieras para satisfacer las nóminas ascenderán a más de 127.000 millones de euros, mientras que, en el mejor de los casos, las cotizaciones, que este año avanzan a un ritmo superior al 5%, dejarán en las arcas públicas algo menos de 110.000 millones de euros. Un desfase de entre 15.000 millones y 18.000 millones, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) califica de latente y que el propio Gobierno reconoce sin ambages (la previsión de este año es cerrar con un déficit del 1,5% para la Seguridad Social, y ello teniendo en cuenta que se va a obtener superávit en el pago del desempleo).
El Gobierno, más positivo
Fuentes del Ejecutivo, de todas formas, prefieren optar por la cautela para hablar de cifras. Primero, en el último Consejo de Ministros del año, se prorrogará el decreto que habilita al Estado a traspasar fondos a la Seguridad Social. Y después habrá que ver qué sucede, pues los Presupuestos, cuando lleguen, podrían incluir novedades en torno a la financiación de la Seguridad Social. Si bien es cierto que no se espera ninguna medida seria del Pacto de Toledo en el corto plazo, las Cuentas sí podrían extraer del sistema las bonificaciones a la contratación e incluir otra serie de retoques para aliviar a la administración que más quebraderos de cabeza propicia hoy en día.
De ahí que exista cierto optimismo en torno a la posibilidad de que el préstamo, pese a habilitarse, no se tenga que utilizar, mezclando esas posibles medidas con el previsible incremento de la recaudación por cotizaciones. Una versión tal vez demasiado optimista, teniendo en cuenta que el buen ritmo de las mismas este año no ha servido para reducir apenas el desvío presupuestario del sistema.
La deuda, otro fantasma
En el horizonte, además, existe otro problema: el de la deuda pública. En un escenario en el que Moncloa se ha comprometido con Bruselas a ir reduciendo el porcentaje en unos dos puntos anuales, las necesidades financieras de la Seguridad Social se convierten en un severo problema.
Cabe recordar que el volumen de pasivo supera los 1,1 billones y sobrepasa de largo el 99% del PIB, siempre al borde de ese 100% que se contempla con tanta preocupación y que para algunos supone un límite para garantizar la sostenibilidad financiera del país.
