Reino Unido ha completado una maniobra extraña en los últimos días para intentar desatascar el bloqueo de las negociaciones por el Brexit, emponzoñadas por las divergencias en torno a la factura por el divorcio. Tras meses de ambigüedad en el mejor de los casos, y arrogancia en los episodios más polémicos, el Gobierno de Theresa May estaría preparado para ofrecer a la Unión Europea los 50.000 millones de euros que, hasta hace apenas un par de meses, su gabinete había calificado como una cantidad absolutamente desorbitada.
La claudicación, aunque difícil de vender a la ciudadanía británica ante una cada vez más polarizada realidad política, resultaba inevitable si había interés en que las conversaciones progresen a la cuestión que verdaderamente le interesa a Londres en todo este proceso: cómo será su encaje comercial en un bloque de más de 450 millones de usuarios, una vez ejecutada la salida del mismo.
La Unión Europea había dejado claro que no estaba dispuesta a recular, por lo que la partida de ajedrez en la que ha derivado el Brexit obligaba a que fuese el Ejecutivo británico el que hiciese un movimiento, y no uno cualquiera, puesto que a Bruselas la única pieza que le valía era la económica. De ahí que el Gobierno de Theresa May haya entendido la necesidad de poner sobre la mesa la cifra que, hasta ahora, había supeditado a cómo acabase su travesía de salida.
Se agotaban los plazos
Si no daba señales a tiempo para que estas cristalizasen antes del Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre, tendrían que esperar hasta la próxima cumbre comunitaria, que no se producirá hasta marzo de 2018, lo que reduciría el margen temporal a un nivel prácticamente insostenible. Por ello, la propia primera ministra se reunirá el lunes con el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, para intentar cerrar un principio de acuerdo que, hasta ahora, parecía escapársele de las manos por su falta de apoyos, tanto dentro como fuera del Reino Unido.
Con todo, fuentes próximas a las partes implicadas han empleado cabeceras de referencia, como la televisión BBC, para advertir de que no hay una cifra final, si bien la anticipada hasta ahora ha sido "ampliamente bienvenida" al sur del Canal de la Mancha. El propio ministro de Exteriores, un recientemente más errático de lo habitual Boris Johnson, ha reconocido la disposición a plantear una "oferta justa", cuando hace pocos meses había dicho que la UE "se podía ir a paseo" si esperaba que Londres abonase las cantidades actualmente asumidas como ineludibles.
No en vano, Reino Unido nunca había negado su necesidad de asumir obligaciones. El problema era, por tanto, la divergencia entre los pagos que admitía por su continuidad transitoria en el mercado único y la unión de aduanas, una vez superada la fecha del Brexit en marzo de 2019, cifrados en 20.000 millones por May en septiembre, y los compromisos asumidos antes del referéndum del pasado año, que el resto de socios europeos exigen que cumpla para evitar que ningún Estado miembro termine pagando por la ruptura, consumada en referéndum hace ya un año y medio -23 de junio de 2016-.
Entre ellas figuran elementos difíciles de cuantificar, tales como las pensiones para el personal comunitario; las contribuciones británicas para los años venideros; y los proyectos acordados, pero cuya ejecución no comenzará hasta una vez Reino Unido navegue en solitario, algo que debería producirse desde marzo de 2019.
Cambio de discurso
Con todo, en las últimas semanas se había llegado ya a un evidente cambio de retórica por parte del Gobierno y la misma premier, muy cuestionada tras su pírrica victoria ante el laborista Jeremy Corbyn de las últimas elecciones, había garantizado que ninguno de los veintisiete países restantes tendría que abonar más fondos como consecuencia del divorcio británico.
Una de las cuestiones clave será, por tanto, si la suma podrá pagarse a lo largo de las próximas décadas, lo que podría suponer el mantenimiento del envío de fondos a Bruselas durante al menos 40 años, un desenlace difícil de digerir por parte de quienes habían votado Brexit, precisamente, para dejar de remitir remesas económicas a la UE.
Por si fuera poco, el acuerdo en materia financiera podría ni siquiera ser suficiente para desbloquear el proceso, puesto que constituye tan solo una de las tres condiciones impuestas para permitir que las conversaciones pasen a hablar de la futura relación. El estatus de los ciudadanos comunitarios en suelo británico, pero sobre todo el peliagudo factor de la frontera con Irlanda, amenazan con aguar las aspiraciones. Por ello, el Ejecutivo no descarta proponer dejar para el próximo año la cuestión del linde con el Ulster, algo a lo que Dublín, de momento, se opone.