Se vislumbra un futuro más cercano para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, tras el acuerdo sellado este miércoles por el PNV y el PP para sacar adelante las Cuentas del Gobierno vasco para el año próximo, que se canalizará a través de la abstención del PP en el Parlamento vasco. Asimismo, se consolida un escenario muy posibilista para las cuentas de Mariano Rajoy, a la vista de que la apelación más repetida por los firmantes del acuerdo vasco del miércoles fue la "estabilidad institucional necesaria" para "favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo".
Tanto el PP vasco como el PNV y el Gobierno de Íñigo Urkullu niegan que este acuerdo tenga ramificaciones más allá de Euskadi, pero lo cierto es que en los últimos tiempos se han producido acuerdos que allanan el camino a las Cuentas del ministro Cristóbal Montoro. El portavoz económico del PP vasco, Antón Damborenea, insistió en que en Vitoria solo se negocian los presupuestos vascos; mientras que el consejero de Hacienda del Ejecutivo, Pedro Azpiazu, recalcó que este acuerdo con el PP solo afecta a Euskadi y manifestó que "todavía no sabemos si el Gobierno del Estado va a sacar Presupuestos".
Pacto a tres bandas
Para la consecución de los acuerdos sobre el Presupuesto del Gobierno vasco y la reforma fiscal ha sido necesario un pacto a tres bandas, con el apoyo explícito del Partido Socialista de Euskadi (PSE), ya que hoy por hoy gobierna en coalición con el PNV tanto en el Gobierno que preside Íñigo Urkullu como en las tres Diputaciones Forales.
La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, recalcó que "el mayor valor que tiene hoy Euskadi es la estabilidad institucional", que se refuerza con estos acuerdos y que hacen "que Euskadi sea tan atractiva".
Respecto a la reforma impositiva, el Partido Socialista vasco ha tenido que ceder, pese a que al principio se oponía a rebajar el tipo nominal. Mendia puntualizó que, finalmente, se baja ese tipo, pero se eleva el efectivo, el que realmente pagan las empresas, gracias a la limitación de las deducciones a las que hasta ahora se podían acoger, especialmente las grandes corporaciones.
Más de un año de sintonía
A pesar de que los dirigentes políticos insisten en que el acuerdo solo afecta a Euskadi, todo hace pensar que el PNV no entorpecerá los Presupuestos de Rajoy, como así sucedió milimétricamente en 2017. El pasado año ambas formaciones intercambiaron apoyos a cambio de aceptaciones de enmiendas presupuestarias y del compromiso del Estado de afrontar la renovación del Cupo vasco, que llevaba siete años de retraso. El acuerdo para los Presupuesto vasco llega en un momento de clara distensión en las relaciones entre PP y PNV, que se vieron fuertemente tensionadas a raíz de la crisis catalana y la aplicación del artículo 155, que provocó el retraso de la presentación del anteproyecto de los Presupuestos (PGE) para 2018, pero sin que dichas tensiones llegasen a romper en ningún momento las relaciones entre los dos partidos.
A pesar de que se mantienen las discrepancias sobre Cataluña, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cumplió con su compromiso con la Administración vasca para la reforma del Concierto Económico y la nueva Ley de Cupo 2017-2021, que ha sido ratificada este mes por gran mayoría en el Congreso de los Diputados, gracias al respaldo manifiesto de PP, PSOE, Unidos Podemos, PNV y resto de formaciones, con las únicas oposiciones de Ciudadanos, Compromís y el voto críptico de EH Bildu.
Para el acuerdo presupuestario vasco, el PP puso dos condiciones: la reforma del Impuesto sobre Sociedades, con una rebaja del tipo nominal que ahora está tres puntos por encima del vigente en el resto de España; y la aceptación de una serie de enmiendas al presupuesto vasco, orientadas a apoyar a las familias, las medidas de conciliación laboral, mejora de la Sanidad y ayudas al empleo de calidad.
El tipo de Sociedades, al 24%
La reforma fiscal vasca, exigida por el PP, implica que Euskadi dejará de tener el tipo del Impuesto sobre Sociedades más caro de España. Habrá una bajada del tipo general, que se aplicará progresivamente en dos años, que supondrá recortarlo del 28% al 24% (frente al 25% del resto de España) para las grandes empresas y del 24% al 20% para las pymes. Por contra, se reducen deducciones en I+D+i y también las de compensar pérdidas.
