El lunes 27 de noviembre se cumplirá un mes desde que el Senado autorizara las medidas propuestas por el Gobierno español para desarrollar el artículo 155 de la Constitución para devolver a Cataluña a la legalidad. La inmediata convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el cese del Govern y del presidente y vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, finalmente están siendo digeridas sin un exceso de controversia, ni política, ni mediática.
En un principio, se temía una oleada de desobediencia entre funcionarios, pero las advertencias legales y la concurrencia de todos los partidos a las elecciones autonómicas del próximo 21-D (hasta la CUP ha presentado su candidatura y ERC ha creado dos listas diferentes), ha permitido un traspaso de poderes mucho más tranquilo de lo que se podía anticipar, teniendo en cuenta que más de un centenar de cargos cercanos al anterior Gobierno catalán han sido destituidos.
Fuentes cercanas a Moncloa reconocían pocos días después de la activación del 155 que incluso estaban sorprendidos de la colaboración que habían recibido, aunque también es verdad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por un soft landing y por tratar de esquivar las polémicas. Tras los anuncios más duros, publicados en el BOE el 28 de octubre, que cerró el Diplocat, las embajadas de la Generalitat o el Consejo de Transición Nacional; y que cesó, además de al Govern, a Ferran Mascarell, Amadeu Altafaj, César Puig, Pere Soler y Josep Lluís Trapero se han impuesto las medidas moderadas; también en la supervisión de la televisión y la radio.
Así, tras pactarlo con el PSOE, el Gobierno español dejó desde un principio en manos de la Junta Electoral el control de los medios de comunicación públicos y este organismo ha dado por ahora una de cal y otra de arena. Por una parte, la Junta rechazó un recurso por el tratamiento informativo de la manifestación del 11 de noviembre convocada por Ómnium Cultural y la ANC a favor de la liberación de los "presos políticos", que consideró adecuado. Por la otra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha señalado a TV3 que no debe calificar como "Gobierno en el exilio" a los consellers fugados a Bélgica y a Carles Puigdemont.
Entretanto, el Ejecutivo español se limita a adoptar medidas de carácter administrativo. No obstante, en el primer mes del 155 se han producido dos amagos de crisis informativa. Los medios independentistas, y algunos empresarios, criticaron que el Puerto de Barcelona no pudiera liderar una misión internacional, a la que iba a asistir el conseller cesado Josep Rull y Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, nombrado por la Generalitat y una persona cercana al círculo de Artur Mas. El otro punto de fricción, que está en manos del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, es la devolución a Aragón de las obras de arte de Sijena. La Generalitat se había posicionado totalmente en contra y el ministro, por ahora, está ganando tiempo al señalar que no ha recibido la notificación judicial que demanda su devolución. Si bien ayer sí aclaró que había indicado que el requerimiento no fuera recurrido.
Goteo de fugas
Si el Gobierno español ha logrado no caldear el complicado clima social que se vive en Cataluña en sus primeros 30 días de control de la Generalitat, lo que todavía tiene pendiente es frenar la fuga de empresas y recuperar la vitalidad económica. En la última semana completa de la que existen datos (del 13 al 17 de noviembre), se trasladaron 180 compañías fuera de Cataluña, un 65 por ciento menos que en la última semana de octubre.
Aunque los empresarios reconocen que la aplicación del artículo 155 ha devuelto la seguridad jurídica, el miedo al boicot continúa expulsando empresas fuera de Cataluña. "La situación es tan tensa ahora mismo que algunos clientes no te contratan si ven que tu sede se encuentra en Cataluña", explica un empresario.
Rajoy ya ha pedido que se continúen comprando productos catalanes y a las empresas catalanas que se queden, colaborando con este gesto a que se recupere la confianza, y, a cambio, ofrece su apoyo. Una idea que reforzó ayer Soraya Sáenz de Santamaría reiteró que los efectos económicos eran reversibles, aunque cifró el impacto para el sector turístico en hasta 1.800 millones.
Los inversores internacionales miran a los resultados electorales. El 155 es sólo un paso intermedio para devolver el testigo al Gobierno que surja del 21-D. Y la posibilidad de que la línea dura rupturista vuelva a imponerse es, al menos, un motivo de incertidumbre en el horizonte. No obstante, si se despeja, algunos empresarios anticipan un "renacimiento" inversor.
Puigdemont quiere un 'cara a cara' con Rajoy en Bruselas
El expresidente del gobierno catalán, a una pregunta de un periodista, respondió ayer que estaría dispuesto a entrevistarse con Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, en Bruselas. Esta respuesta se interpretó como una demanda de Puigdemont para encontrarse con Rajoy y generó multitud de reacciones. La del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, fue la de sugerir a Puigdemont que con quien debía encontrarse era con Xavier García Albiol que, al igual que él, era candidato a la presidencia de la Generalitat. Albiol solicitó hace días un 'cara a cara' a Carles Puigdemont en Bruselas, pero el político independentista no ha respondido. Lo que sí hará hoy es su primer acto de campaña. 'Junts pel Catalunya', la lista que lidera, presentará en Bruselas a los candidatos a las elecciones del 21-D. Puigdemont incorpora a Jordi Sánchez, presidente de la ANC, que se encuentra en prisión preventiva, tras fallar en su intento de crear una lista unitaria en la que se integrara ERC y miembros de la sociedad civil.