El Gobierno británico presenta esta semana el Presupuesto que determinará qué modelo de país regirá en el Reino Unido post-Brexit. Las terceras cuentas del mandato de Theresa May son las más importantes, puesto que están obligadas a resolver la complicada ecuación entre el grado de flexibilidad que pueden permitir en el gasto público y la necesidad de mantener la credibilidad fiscal de la segunda economía del continente.
A un cuadro lo suficientemente desafiante como para desasosegar a cualquier ministro del Tesoro, se suma la extrema oposición que el actual inquilino del Número 11 de Downing Street despierta entre sus propios compañeros de gabinete. Philip Hammond ha asumido reaciamente el liderazgo del bastión gubernamental que apuesta por una salida de la Unión Europea lo menos dramática posible y su militancia ha estado a punto de costarle el puesto.
Tan solo la extrema debilidad de la autoridad de May tras la debacle de las generales impidió su despido. La primera ministra estaba dispuesta a deshacerse de él una vez superadas las elecciones de junio, pero la pérdida de la mayoría absoluta y la sucesión de tramas magnicidas la obligaron a extremar la prudencia. Como resultado, Phil 'Hoja de Cálculo' se animó a expresar más abiertamente sus análisis de la situación económica, consciente como era de la imposibilidad de un cese inminente y, sobre todo, de la deriva de algunos de sus compañeros en la mesa del Consejo de Ministros.
Evita el triunfalismo
Su rechazo a compartir el entusiasmo ante el futuro post-Brexit le hizo ganarse la animadversión de quienes consideran su pesimismo excesivo. Sin embargo, si hay un integrante del Gobierno conocedor de qué retos acechan a la economía británica, este es el titular del Tesoro, por lo que el actual evita transmitir una imagen edulcorada de la realidad, para garantizar que los números justifican la dolorosa medicina que su determinación fiscal le obligará a continuar recentando en Reino Unido.
El debate es sencillo, lo difícil es resolverlo sin asfixiar a los consumidores, de los que la sostenibilidad económica depende vitalmente, ni mancillar los avances en la lucha contra el déficit. Frente a las voces que reclaman ampliar el margen de maniobra fiscal, retrasando la meta del superávit más allá de 2025, Hammond considera que los réditos a corto plazo serían inferiores a los daños que a largo implicaría relajar el equilibrio de las cuentas públicas.
El problema es que quien reclama poner fin a la era de los recortes no es solo una ciudadanía hastiada de austeridad. Ministros como el de Comunidades, al frente de la política de vivienda, demandan públicamente la introducción de estímulos al gasto, sobre todo, ante las evidencias ya constatadas de los efectos del resultado del referéndum del pasado año sobre los bolsillos domésticos y la capacidad adquisitiva.
Nuevos desafíos
En un contexto de precios en cabalgada libre, con los ingresos reales registrando ya una bajada salarial, y el crecimiento al segundo menor nivel del G-7, el Gobierno tiene la obligación de dar respuesta a los nuevos desafíos que acechan a un país a punto de iniciar la travesía en solitario por primera vez en más de 40 años. De ahí que el Presupuesto, que desde esta semana quedará fijado para otoño, en lugar de primavera como hasta ahora, tenga la misión moral de trazar la agenda del Gobierno más allá de la hegemonía del Brexit, pero también de ofrecer una visión de prosperidad una vez fuera del mayor bloque comercial del mundo.
El inconveniente de partida al que hace frente es que nada de lo que decida le hará ganarse el favor mayoritario: si suaviza la tensión fiscal, envalentonará a quienes creen que el déficit continúa siendo el verdadero caballo de batalla de Reino Unido; pero, de mantener la sobriedad, amenaza con menoscabar todavía más servicios públicos de referencia, como el Servicio Nacional de Salud, la educación y la inversión en seguridad.
De ahí que el Presupuesto constituya, de partida, una batalla perdida en un contexto en que el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta y es consciente de que un peso importante en la pérdida de votos se debió, precisamente, a la impopularidad de la austeridad que los conservadores impusieron a su llegada al poder en 2010, incluso aunque esta se debiera a una de las mayores crisis financieras que se recuerdan en la historia moderna.
Como consecuencia, los trabajadores del sector público sufren todavía una congelación salarial del 1%, una medida especialmente impopular cuando, en junio, los tories encontraron 2.000 millones para cerrar un acuerdo con los unionistas norirlandeses para garantizar la gobernabilidad en un escenario sin hegemonías en Westminster. Revertirlo tampoco es fácil: según el Instituto de Estudios Fiscales, mejorar los ingresos de los funcionarios en línea con la inflación supondría 6.000 millones de libras adicionales al año.