Economía

La clase política mundial arma un frente común contra la evasión fiscal

  • 147 países buscan aumentar la vigilancia de los titulares de activos

El aumento de la vigilancia sobre los propietarios de activos financieros en el extranjero está en el programa de la reunión del Foro Mundial en Yaundé.

De hecho, estos titulares reales de los fondos de inversión, cuentas financieras y demás fideicomisos alojados en paraísos fiscales ocuparán el centro de los debates. La capital de Camerún acoge del 15 al 17 de noviembre la décima reunión del Foro Mundial de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que asisten hasta 147 países miembros.

Creado a principios del año 2000 para establecer un marco internacional de cooperación en materia de fiscalidad, este Foro ocupa desde la crisis de 2008 el centro de la respuesta política contra la opacidad de los paraísos fiscales desvelada por los papeles de Lux Leaks en 2014, los papeles de Panamá en 2016 y, hace dos semanas, los papeles del Paraíso.

Identificar al propietario real

En Yaundé, será preciso en particular reforzar la vigilancia y la cooperación para identificar a los que se ocultan detrás de los fideicomisos o los fondos de inversión localizados en paraísos fiscales. Hasta el momento, los avances producidos se centran esencialmente en la transparencia y el intercambio de información de cuentas bancarias.

En este momento, en cambio, la recogida de datos relativos a la posesión de activos como diamantes, barcos, residencias de lujo, cartera de acciones o de obligaciones no es satisfactoria. La primera tanda de auditorías de los países miembros del Foro cuyo ciclo finalizó en 2016, se interesó únicamente por las informaciones relacionadas con la propiedad legal. Lo cual, en materia de lucha contra la evasión y el fraude fiscal, dista mucho de ser suficiente. Las administraciones fiscales deben saber quién es el verdadero beneficiario. Por esta razón, durante la segunda tanda de auditorías que se llevará a cabo, el Foro se asegurará de que estas informaciones estén disponibles.

"Estableceremos un sistema de análisis que permita verificar que la identidad de los beneficiarios efectivos existe en los libros contables», declaró la semana pasada a Le Monde, Pascal Saint-Amans, director del centro de administración fiscal de la OCDE. Desde 2015, el Foro ha revisado sus procedimientos, y todos los países miembros están obligados, en el marco de una solicitud expresa por parte de cualquier administración fiscal, a aportar los datos sobre el beneficiario efectivo de una cuenta bancaria.

Implicar a países africanos

Lo mismo ocurrirá en el caso del propietario real de activos financieros en el extranjero en el marco de una solicitud de información. El intercambio automático de información, inicialmente entre 49 países desde el pasado mes de septiembre, y que se ampliará a otros 53 en un año, prevé la misma obligación.

En este sentido, la organización de la reunión en Camerún está cargada de significado. Es la segunda vez que el Foro pone los pies en el continente, después de Sudáfrica en 2012. Actualmente, solo 27 países africanos de los 54 que acoge el continente son miembros del Foro. Además, en esta última edición se esperan nuevos participantes, como es el caso de Ruanda hace escasas tres semanas. Estarán presentes representantes del Congo y de Guinea Ecuatorial, y además, el Foro está en contacto con Vietnam y Mongolia para lograr adhesión.

Durante la reunión, se difundirán seis informes de evaluación de países: Curaçao, Dinamarca, India, Italia, y especialmente la Isla de Man y Jersey, muy mencionadas en el asunto de los papeles del Paraíso. El Foro indicará que todas estas jurisdicciones cooperan plenamente y pone a disposición de las administraciones fiscales que lo requieran todos los datos solicitados.

La OCDE, sin ninguna lista negra de países

Actualmente no existe ningún país que no coopere y que no sea transparente en material fiscal, de hecho, tan solo Trinidad y Tobago suscita algún tipo de duda al respecto. No en vano, la OCDE es el organismo encargado de verificar sobre el terreno la situación y de incluir en una lista negra, en noviembre de 2018, a aquellos países que hubieran incumplido sus compromisos internacionales.

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