El pulso independentista iniciado con el referéndum del 1-O y culminado con la proclamación de la ruptura el día 27 ha provocado que casi 2.000 empresas hayan decidido sacar su sede social -y en muchos casos también fiscal- fuera de Cataluña en busca de otro lugar de España en el que conservar la seguridad jurídica.
Concretamente, han sido 1.982 compañías, según los datos del Colegio de Registradores. La aplicación desde el sábado 28 del artículo 155 de la Constitución para intervenir la administración catalana, incluyendo la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, hizo que las fugas del lunes 30, que fueron 62, marcasen mínimos no vistos desde la primera semana de octubre.
Pero el martes 31 volvió a crecer el número de empresas exiliadas hasta 99. Fue el día en que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ofreció una rueda de prensa en Bruselas con siete exconsellers en la que explicó que permanecería sin fecha de vuelta en la capital de la UE, resistiéndose desde el exilio a su destitución. Esta resistencia prolonga la incertidumbre en el ámbito económico.
De hecho, ayer se conoció otro dato que llama al pesimismo: la creación de empresas en octubre. Según los datos del Instituto Catalán de Estadística (Idescat), la constitución de sociedades mercantiles en la comunidad el mes pasado fue de 1.299, un 11,6 por ciento menos que en el mismo mes de 2016. Este dato es mucho peor que el de la media nacional, ya que en el conjunto de España se crearon 7.206 empresas en octubre, un 2,1 por ciento menos que hace un año.
El ritmo de creación de sociedades mercantiles en Cataluña lleva sufriendo altibajos desde diciembre de 2016, y está en negativo desde junio, cuando se redujo un 10,8 por ciento. En julio la caída fue del 22,3 por ciento, y en agosto del 24,9 por ciento, mientras que en septiembre alcanzó el 34,4 por ciento. En estos meses también se ha reducido la media nacional de creación de empresas, pero en porcentajes de la mitad o menos respecto a los catalanes.
La patronal Pimec confió ayer en que la convocatoria electoral del 21 de diciembre, "aceptada ya por prácticamente la mayoría de partidos políticos", contribuya a que el contexto social y económico "vuelva a la máxima normalidad posible y se reduzcan los niveles de tensión, incertidumbre e inestabilidad que empezaban a afectar de manera negativa a la actividad de pymes y autónomos de Cataluña". También lamentó que no haya triunfado la vía del diálogo y la mediación.