Desde el simulacro de referéndum que se celebró el 1 de octubre, se ha producido un éxodo imparable de empresas desde Cataluña al resto de España. El pistoletazo de salida lo dieron el Banco Sabadell, la cuarta entidad financiera española, y CaixaBank, la emblemática caja surgida de la fusión de la Caja de Pensiones y Caja de Barcelona en 1990 que, tras su fulgurante expansión por toda España, se encaramó al tercer puesto del ranking bancario. La independencia pasa a Cataluña una factura de casi 9.000 millones de euros
En tres semanas, son 1.185 las sociedades (incluidas casi todas las del Ibex 35) que han trasladado su sede social (y la fiscal en bastantes casos) sin que ningún sector productivo (agricultura, industria, construcción y actividades inmobiliarias, finanzas, seguros, comercio, ocio, etc.) se haya librado de la desbandada.
Al éxodo societario, hay que sumar la legión de catalanes que, preocupados ante la perspectiva de un futuro muy incierto, prefieren llevarse sus depósitos bancarios, fondos de inversión, carteras de valores y planes de pensiones a sucursales de sus entidades en otras comunidades. Salir de la UE y la Eurozona no es una broma.
Relaciones de poder
Aquello que los independentistas afirmaban que nunca sucedería en Cataluña ha irrumpido en la escena, antes incluso de que el Parlament proclame la independencia, con la violencia de un ciclón, y amenaza con dejar en los huesos a la economía catalana. Desde luego quienes han quedado mal parados son los economistas que mayoritariamente consideraban la opción más deseable constituir un estado propio.
También les resultará difícil explicar lo acaecido a los podemitas porque si los políticos fueran, como ellos sostienen, meros administradores del gran capital, resultaría inconcebible que tres políticos de tan corto alcance como Puigdemont (CDC-PDR-Cat), Junqueras (ERC) y Gabriel (CUP), faltos de cualquier apoyo internacional, sigan al frente del Gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, mientras los empresarios abandonan el barco remando en botes salvavidas.
¿Qué ha ocurrido en la sociedad catalana, cuyos habitantes disfrutan de una renta per cápita el 23% superior a la del resto de españoles y el 6% mayor que la media de la UE, para que se desencadene una crisis política y social de esta envergadura?
La relación entre los poderes político y económico resulta mucho más compleja y fluida de lo que reconocen los postmarxistas indignados. Durante 23 años, el Gobierno de la Generalitat utilizó todos los instrumentos a su alcance, desde la capacidad normativa e inspectora a los crecientes presupuestos de la Generalitat y sus empresas públicas, para establecer un entramado de intereses y redes clientelares donde la cercanía al poder y la sintonía con el partido de Pujol resultaban decisivas para ganar adjudicaciones de obras públicas, obtener contratos de servicios y concesiones administrativas, recibir subvenciones públicas, etc.
La actuación de Ferrovial en el caso Palau constituye un ejemplo paradigmático de cómo empresas privadas se veían presionadas, para obtener adjudicaciones de obras, a realizar donaciones al consorcio del Palau de la Música presidido por Millet, quien a su vez financiaba ilegalmente a CDC, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Este complejo entramado ha condicionado notablemente la actitud de los principales actores económicos en Cataluña.
Sinfonía de empresarios
Con las notables excepciones de Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, y de Lara, patriarca presidente del Grupo Planeta, la mayoría de líderes empresariales optaron por mantener un prudente silencio o una calculada equidistancia, incluso cuando Mas y Junqueras alcanzaron, después de la consulta del 9-N en noviembre de 2014, un acuerdo para proclamar la independencia en 18 meses.
Pese a que la independencia había dejado de ser una ensoñación romántica a comienzos de 2015, sólo contados empresarios y ejecutivos (como Gallardo de Almirall, Palatchi de Pronovias y Piqué, expresidente de Vueling) se han atrevido a salir del armario mientras la mayoría encontraba refugio en la esperanza de que la racionalidad económica y el diálogo acabarían imponiéndose al desvarío político. Entre las asociaciones empresariales, sólo Empresaris de Catalunya ha ido más allá de llamar el diálogo (Foment, Circle d'Economía) y ha subrayado una y otra vez los enormes riesgos y graves perjuicios económicos que la independencia ocasionaría a los catalanes.
En los últimos años, hemos visto también a numerosos empresarios y altos directivos (Grifols de Grifols; Carulla y Tomás de Agrolimen y Ara; Alemany de Abertis; Daurella de Coca-Cola European Partners; Sumarroca de Teyco; Cornadó de Copisa; Massot de Vertix; Raventós de Unipost, etc.), y dirigentes de algunas patronales (González de Pimec y Abad de Cecot) y sindicales (Gallego de CCOO y Álvarez UGT) coquetear con el derecho a decidir -un eufemismo tras el que los dirigentes de CDC y su fundación FemCat camuflaron durante algún tiempo sus aspiraciones secesionistas-, y hasta mostrarse comprensivos con las resoluciones y leyes, contrarias a la Constitución y al Estatut, aprobadas en el Parlament de Cataluña. Algunos rectificaron y han ido tomando distancia con el gobierno de la Generalitat, a medida que se radicalizaba de la mano de ERC y la CUP, pero otros han mantenido su respaldo pese a la ilegalidad flagrante en que se adentró a partir del 6 de septiembre de 2017.
Empresarios a fin de cuentas
No conviene pedir peras al olmo. A la postre, la mayoría de los empresarios se ha comportado como cabría esperar de su condición: hicieron lo posible por mantener la rentabilidad de sus empresas mientras crecía la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en Cataluña, y han hecho las maletas para salvaguardar los intereses de directivos y accionistas en cuanto se materializó la posibilidad de que la Generalitat declare la independencia.
Quizá lo único que pueda reprochárseles es no haber explicado a los boquiabiertos catalanes, testigos incrédulos de la salida en tromba de sus empresas, que les engañaban miserablemente quienes les prometían una mejora sustancial de su nivel de vida tras consumarse la independencia.
La cuestión catalana se ha ido agravando progresivamente y la mayoría de empresarios y ciudadanos sólo aguardan ya a que el Gobierno de España restablezca la estabilidad política y la seguridad jurídica en la Comunidad Autónoma. Esperemos que lo haga con prontitud y evitando en lo posible futuras recaídas.
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