Theresa May ha superado la primera batalla de la negociación del Brexit, pero la guerra continúa y la primera ministra británica tiene frentes abiertos a ambos lados del Canal de la Mancha.
Los socios comunitarios han reconocido su vulnerabilidad en casa y le han echado un capote al autorizar conversaciones internas sobre la futura relación, pero su disposición no es gratuita. Los Veintisiete siguen queriendo que May aclare lo que no puede fijar, la factura por el divorcio, dado que la división de su propio partido la convierten en rehén de dos facciones enfrentadas.
En consecuencia, el relativo avance recabado en el Consejo Europeo de la semana pasada perderá todo su valor si las contraprestaciones que Bruselas continúa esperando no se materializan. El veto a la segunda fase, oficializado en la cumbre, estaba cantado, por lo que la mera apertura del debate sobre el nuevo encaje comercial, aún sin incluir a Reino Unido, evitó a una vituperada premier volver a Londres con las manos vacías.
Su problema, con todo, empieza ahora. Aunque ha comprado tiempo, los obstáculos de base se mantienen, ya que si sus futuros ex socios quieren concretar el dinero, May sabe que cualquier cifra que ponga sobre la mesa generará reacciones encontradas: por una parte, si queda lejos de las expectativas del bloque, las conversaciones podrían acabar en un callejón sin salida; mientras que cualquier cantidad superior a los 20.000 millones de euros prometidos ya para la fase de transición amenaza con desencadenar un terremoto interno con potencial para provocar una brecha insalvable en su gabinete y, en última instancia, para desalojarla de Downing Street.
No en vano, las intervenciones en positivo de los líderes a la conclusión del Consejo, con la excepción de un inusitadamente duro Emmanuel Macron, contenían el claro mensaje subliminal de que cualquier movimiento futuro estará determinado por la disposición a concretar fondos. Es decir, Reino Unido deberá clarificar cuánto está preparado para pagar si quiere que la siguiente gran prueba de fuego, en diciembre, produzca los resultados deseados y las partes puedan pasar a analizar cómo interactuarán una vez completada la ruptura.
En este sentido, la ecuación es sencilla, si Londres acepta los requerimientos de Bruselas, desbloqueará el proceso; lo difícil es, por tanto, hallar una solución que garantice este desenlace sin fracturar al Ejecutivo. El desafío, por consiguiente, no es tanto económico, como político, puesto que la factura se ha convertido en el factor de mayor voltaje de las negociaciones, especialmente al norte del Canal. De ahí que los crecientes rumores acerca de las garantías que May habría transmitido a sus socios continúen sin ser confirmados por el Número 10.
Con todo, ni la premier en su rueda de prensa al final del Consejo, ni Downing Street posteriormente, han descartado que el montante final ronde los 60.000 millones de euros que se habían especulado hasta ahora. Así, el interrogante de partida, para el que probablemente no haya respuesta todavía, es qué cantidad compensaría a largo plazo, sin importar el precio político más inmediato, para evitar el daño mayor de una salida desordenada.
Medidas perentorias
Es por ello que la primera ministra con menor autoridad en años esté entre la espada de una UE que demanda respuestas y la pared de un Partido Conservador fragmentado entre el pragmatismo económico y las ínfulas de reivindicación de la soberanía. No son pocos los diputados que han exigido a May públicamente que asuma la inevitabilidad de abandonar sin acuerdo y prepare ya las medidas perentorias ante tal escenario. Su beligerancia es conocida y su temeridad evidente, dispuestos como parecen estar a hacer triunfar sus tesis, incluso si ello acarrea la caída del gobierno.
En consecuencia, el reto es comparable a una partida de ajedrez en la que el dominio de los tiempos y el suministro de pistas serán clave para una resolución exitosa. Si Reino Unido no puede revelar demasiada información, tampoco puede mantener el suspense ilimitadamente, a riesgo de agotar la paciencia de sus socios y evidenciar que el divorcio está irremediablemente estancado.
La cúpula comunitaria y los estados miembro son conscientes de la delicadeza de la situación, después de todo, admitieron flexibilizar su postura inicial para abrir un debate interno, pero también saben que la bomba de relojería en la que se ha convertido el Gobierno británico puede acabar constituyendo una baza a su favor.
La compasión que puedan sentir por May es menor que su deseo de proteger, ante todo, la Unión, por lo que necesitan hacer de la ruptura británica el mejor agente disuasorio. Sus estimaciones actuales estipularían que Reino Unido debe 32.000 millones de euros en materia de compromisos presupuestarios, es decir, aquellos asumidos antes del referéndum, y 20.000 millones como parte del acuerdo de transición. Hasta ahora, sin embargo, públicamente May solo ha sugerido disposición a cumplir con la segunda partida.