Este lunes se presenta como una jornada decisiva -otra más- en el pulso entre la Generalitat y el Gobierno central. Y los indicios apuntan a que será un nuevo episodio en la escalada de tensión entre ambas partes. Hoy, a las 10 de la mañana, finaliza el plazo dado por Mariano Rajoy a Carles Puigdemont para contestar la primera de las preguntas contenida en el requerimiento: si ha declarado o no la independencia de Cataluña.
El primer plazo ofrecido por el Ejecutivo al presidente catalán pretende ser una invitación a que regrese "al marco constitucional de convivencia y sistema democrático de Derecho", según subrayó el viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
De hecho, el propio Gobierno ha trasladado su voluntad de que si Puigdemont responde que el día 10 de octubre -día en que compareció en el Parlamento catalán para dar cuenta de los resultados del 1-O y después firmó con la CUP un documento que pretendía ser una proclamación de la independencia- no se declaró la secesión de Cataluña, frenará la aplicación del artículo 155, que supondría la intervención de la autonomía.
Presiones al president
La invitación del Gobierno, sin embargo, choca de frente con las presiones que el president está recibiendo de la CUP y de las entidades soberanistas. Los antisistema, que nunca escondieron su disgusto por la suspensión anunciada por Puigdemont, han reclamado la proclamación de la independencia después de que el Estado haya activado el artículo 155. La ANC, en la misma línea, exigió acelerar en la declaración de la secesión porque "ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de la independencia".
El propio Artur Mas, partidario de frenar la proclamación, avanzó el viernes que la respuesta de Puigdemont no será la que el Gobierno espera. "Si lo que pretenden es una declaración humillante y vergonzante, no la tendrán", aseveró en declaraciones a TV3.
Esquerra Republicana, por su parte, también ha añadido su granito de arena al cúmulo de declaraciones que pretenden influir en el president, aseverando que "la independencia está declarada y firmada", pero la suspensión pretende ser una "oportunidad al diálogo".
El jueves, la intervención
El fin del plazo fijado para este lunes tiene un carácter más político. La línea roja que activaría las medidas del 155 está establecida el jueves 19 de octubre a las 10 de la mañana, momento en el cual Puigdemont debe haber acreditado que ha cesado en la vulneración del ordenamiento legal y el incumplimiento en las resoluciones del Tribunal Constitucional.
A partir de ese momento, si la Generalitat no ofrece una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo acudirá al Senado para que le autorice a intervenir los órganos autonómicos necesarios para recuperar el orden constitucional.