A dos días para la fecha prevista por la Generalitat para celebrar el referéndum del 1 de octubre, el ministro de Economía, Luis de Guindos, viajó ayer a Barcelona y lanzó un mensaje de acercamiento al Ejecutivo catalán. En una entrevista en TV3, insistió en que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar y lo sigue estando siempre que se cumpla la ley y, preguntado por la posibilidad de que Cataluña cuente con un concierto económico similar al vasco, sostuvo: "No hay nada absolutamente escrito en piedra, lo que sí hay son reglas". | La independencia sería "un suicidio económico"
Argumentó que las leyes son el reflejo de la voluntad del conjunto de la ciudadanía en las urnas y, "si uno quiebra esas reglas, está violentando la propia voluntad de aquellos que eligieron a sus representantes".
"Podemos dar respuesta prácticamente a todas las demandas de la Generalitat menos a una, que es el referéndum ilegal", aseveró. Reconoció que es necesaria una salida política para solucionar la desafección de una parte de la ciudadanía catalana -"no estamos ciegos", dijo-, pero recalcó que la primera condición es cumplir la legalidad, y "aplicar las propias normas que establece la Constitución para modificar la Constitución".
"Lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno es respetar la legalidad", abundó, y abogó por la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica "en el cual se pueden recoger las características específicas de los diferentes territorios". En este sentido, lamentó que el Gobierno planteó abordar la reforma pendiente del sistema de financiación en la última cumbre de presidentes, "a la que la Generalitat no envió a ningún representante", lo que a su parecer pone de manifiesto la voluntad de diálogo del Govern de Carles Puigdemont.
Según Guindos, el Gobierno catalán "se ha equivocado en dos puntos tremendamente: no respetando la legalidad y dividiendo a los catalanes", y confió en que Cataluña seguirá formando parte de España "porque es el mejor proyecto para el conjunto de la sociedad catalana".
En una conferencia con empresarios catalanes y alemanes en la Cámara de Comercio de Barcelona, hizo hincapié en que el Gobierno español tiene el compromiso de estar siempre del lado de la legalidad y el Estado de Derecho, intentando así alejar las incertidumbres empresariales: "Continuaremos teniendo muchos más años de crecimiento económico". En declaraciones a la prensa, afirmó que de momento no se han detectado efectos negativos en inversiones, prima de riesgo ni mercados de capitales por el conflicto político catalán, y confió en que el orden se mantendrá en las calles el domingo "porque la sociedad catalana es madura".
Reparto de liquidez
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó ayer, tal y como adelantó elEconomista el pasado martes, la asignación de los fondos de liquidez habilitados por el Ministerio de Hacienda para que las autonomías paguen facturas y sufraguen su déficit. Durante el cuarto trimestre del año, Cataluña será la máxima beneficiaria, ya que recibirá un total de 1.971 millones de los casi 8.000 que el departamento que dirige Cristóbal Montoro pondrá a disposición regional. Es el 25% exacto.
La Generalitat, con la peor nota de solvencia por parte de las agencias de calificación y con la mayor porción de deuda pública -supera los 75.000 millones, según el Banco de España-, terminará 2017 habiendo recibido de manos del Ministerio un total de 7.275 millones, más de una cuarta parte de los 25.804 millones facilitados este año por los mecanismos extraordinarios de liquidez.
El reparto sigue la tónica habitual de los últimos años. La única sorpresa radica en que Andalucía se encarama como segunda receptora de fondos, tanto en el periodo de octubre a diciembre -1.510 millones en total- como en el conjunto del año -algo más de 4.600 millones-. Adelanta en la clasificación a la Comunidad Valenciana, que en todo 2017, y pese a acumular uno de los mayores déficit fiscales del país, reduce levemente su dependencia del Estado; baja a la tercera posición y percibe 4.500 millones.
Es bastante previsible que, antes de finales de año, Montoro anuncie un último reparto del FLA y de la Facilidad Financiera. Así ha sucedido en los últimos años, al renunciar algunas autonomías -caso de Madrid en 2016, por ejemplo- a las cantidades que inicialmente les había presupuestado Hacienda. Los mecanismos cumplirán, entonces, su sexto año de vigencia.
